EL SALVADOR, 2 Mar. (Notimérica) -
El Salvador cerró el año 2015 como el país más violento del mundo. Y las cifras con las que ha comenzado el año no son precisamente mejores. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2016, 1.380 personas han sido asesinadas en el país centroamericano.
La violencia que vive El Salvador es uno de los factores más preocupantes de la actualidad para el Gobierno de Sánchez Cerén, un país que con 6,5 millones de habitantes tuvo que soportar 6.657 muertes violentas durante 2015, una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes.
Según las cifras otorgadas por la Policía Nacional Civil de El Salvador, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2016 fueron asesinadas 1.380 personas, una cifra que duplica la cantidad de homicidios registrados entre enero y febrero del año anterior.
Algunos casos que recogen la terrible situación que se vive en las calles de El Salvador son las muertes de Sandra Rivera, Cristian Alexander Campos Sosa o la de José Misael Navas.
Rivera fue asesinada por dar clase en una zona clave para las pandillas, que luchan entre ellas para dominar el territorio. Estar en el momento equivocado en esa zona le produjo la muerte. Profesora en el municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, fue asesinada por un grupo de pandilleros que la detuvo cuando caminaba junto a sus alumnos y la acribillaron a balazos. Los investigadores aseguran que su muerte se debió a su oposición al reclutamiento de jóvenes estudiantes.
Navas murió por cuidar a la hija del presidente. Subsargento que sirvió durante la guerra de Irak y hasta ahora, miembro del Estado Mayor Presidencial, fue asesinado el pasado 15 de febrero cuando dispararon desde un vehículo --hasta ahora sin identificar-- en una colonia del municipio de Santa Tecla, en la que viven familiares del presidente y del vicepresidente.
Y por último, tal y como recoge 'BBC Mundo', Campos Sosa, de 19 años, fue asesinado por meter un gol en un partido de fútbol ante un equipo de pandilleros. El crimen ocurrió el pasado 23 de febrero al ir a bordo de una motocicleta cuando regresaba a casa después de trabajar. Días antes del homicidio --un investigador policial aseguró que encontraron 14 disparos--, Campos recibió una paliza y amenazas por parte de soldados de la Fuerza Armada. Según asegura su padre "mi hijo estaba amenazado por los soldados (de la Fuerza Armada). Donde nosotros vivimos es (controlado por el Barrio) 18 y esos soldados amparan más a los mareros".
¿LAS CAUSAS?
Precisamente son las distintas pandillas y el control que tienen de los territorios lo que provoca esta alarmante cifra de muertes violentas. Los analistas aseguran que la violencia salvadoreña es un "fenómeno multicausal". No obstante, a pesar de que el Gobierno trata de combatir a las maras o pandillas, esto les da más fuerza.
La Mara Salvatrucha o el Barrio 18 son las principales maras en el país centroamericano. Vivir en territorios controlados por las pandillas significa estar bajo su vigilancia constante, ya que ellos tienen el derecho de cuestionar y prohibir quien entra o no a una colonia.
A pesar de estas cifra, el gobierno asegura los primeros cinco meses de 2015, el 60 por ciento de las víctimas fueron pandilleros, mientras que la Policía asegura que solo el 30 por ciento de las muertes pertenecían a pandilleros.
Las autoridades de seguridad estiman que las pandillas están conformadas por unos 60.000 jóvenes, en su mayoría integrados a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a su principal rival, el Barrio 18.
GUERRA CONTRA LAS MARAS
El aumento de la cifra de víctimas se debe al fin de la tregua entre las dos pandillas, una tregua que el gobierno salvadoreño apoyó.
La tregua arrancó en marzo de 2012 y se produjo después de que una serie de fuertes medidas implantadas para contener la violencia por parte del gobierno fracasaran. A pesar de que los índices de asesinato disminuyeron considerablemente, las desapariciones se multiplicaron.
No obstante, en mayo de 2013 esta tregua comenzó a derrumbarse. Desde principios de 2014, en medio de un tenso ambiente entre la opinión conservadora contra el diálogo con las bandas, el gabinete del anterior presiente Mario Funes cambió de actitud con respecto al proceso de pacificación, bloqueando los mecanismos con que lo facilitaba.
A principios de 2015 las autoridades empezaron a transferir a los máximos líderes de las dos pandillas a prisiones de máxima seguridad. A pesar de esto, la violencia no se ha reducido, y las autoridades han decidido combatir la violencia con más violencia.
La policía admite que sus operaciones generan más muertes y enfrentamientos armados, pero niega su responsabilidad en posibles abusos a los Derechos Humanos.
El gobierno ha concedido a la policía y al ejército la inmunidad para disparar primero y después hacer preguntas. En agosto del 2015, el Tribunal Supremo concedió a las fuerzas del orden una nueva herramienta para usas discrecionalmente y, desde entonces, las pandillas están contempladas legalmente como organizaciones terroristas. Una medida contestada inmediatamente por las maras, haciendo explosionar varios coches bombas frente a oficinas del gobierno.
El Ejecutivo de Sánchez Cerén, al igual que su antecesor en el cargo, se ha negado a negociar con las organizaciones criminales y éstas, para aumentar la presión, han iniciado una escalada de violencia sin precedentes.