MADRID, 8 Jul. (Notimérica) -
En Iberoamérica, el 11,8 por ciento de la población, unos 76,3 millones de personas, son adultos mayores, y varios de ellos sufren maltrato y discriminación. En 2030 sumarán 121 millones, con lo que llegarán a 17 por ciento de los habitantes.
Desde hace varias décadas el envejecimiento de la población es uno de los principales focos de debate entre los países de la región, no solo como factor demográfico y social sino también por la problemática económica que representa.
Las sociedades deben plantearse cómo garantizar sus condiciones de vida a partir de políticas públicas inclusivas, según indica el informe 'Derechos de las personas mayores, retos para la independencia y autonomía' elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
A pesar de la importancia que tiene resolver la problemática económica al tener una población envejecida y una reducción de la cantidad de personas en condiciones de trabajar es todavía más importante colocar a los adultos mayores en igualdad de condiciones frente a sus derechos fundamentales, de acuerdo al estudio.
Las personas mayores deben disfrutar de los mismos derechos que todos los seres humanos, tomando en cuenta que no solo necesitan de atención socio sanitaria para vivir con dignidad. El problema es que hasta la fecha se siguen vulnerando sus derechos en los países de la región.
Estos son los siete derechos más vulnerados de los adultos mayores:
1. Cuidado: la atención domiciliaria de las personas de edad en escasas ocasiones incluye el apoyo para actividades sociales. La investigación reveló que esta situación les genera un sentimiento de aislamiento y soledad que afecta tanto bienestar físico como a su confianza personal.
2. Toma de conciencia: es indispensable fomentar actitudes positivas hacia las personas de edad y una mayor concienciación sobre sus derechos humanos. Bajo esta idea, las personas de edad avanzada deben conocer sus derechos y exigirlos.
En República Dominicana se puso especial énfasis en la necesidad de tomar conciencia sobre las capacidades que poseen las personas mayores y el aporte que ellas hacen a la sociedad.
3. Salud: en la República Bolivariana de Venezuela se debe fortalecer el acceso de las personas mayores a una salud integral, ya que constituye el derecho más vulnerado en este país.
En algunos países de la región la situación de salud también es deficitaria. Hay serias dificultades de acceso a los servicios de salud, sobre todo en las zonas rurales, donde la falta de movilidad impide a las personas mayores recorrer grandes distancias para atender sus dolencias.
4. Seguridad social: varios países de la región no cuentan con un sistema de seguridad social universal y lo que existe se limita únicamente al sector formal de la economía, excluidos los trabajadores informales.
En Perú las autoridades están trabajando para crear políticas que faciliten el acceso de las personas mayores a las pensiones no contributivas.
5. Discriminación: de acuerdo con los resultados de la 'Encuesta Nacional sobre Discriminación en México', las personas mayores están expuestas a elevados niveles de exclusión. El 27,9 por ciento de las personas de edad entrevistadas consideraron que sus derechos no habían sido respetados por razón de su edad.
6. Maltrato: en el informe se manifestó una mayor preocupación por el abuso físico que los cuidadores cometen contra las personas mayores, ya que a menudo se las infantiliza y no se les permite tomar ninguna decisión sobre sus necesidades.
Además se indica que las personas mayores son sometidas a tratos degradantes y que se las suele asociar con la locura, lo que en algunos casos puede derivar en la muerte.
7. Trabajo: la insuficiencia de las pensiones obliga a las personas mayores a trabajar, pero estas no encuentran posibilidades para hacerlo. El estudio indica que cuando una persona mayor pierde su empleo, en pocas ocasiones tiene posibilidades de volver a trabajar.
Aunque son los derechos más vulnerados, el estudio resalta la inseguridad alimentaria como uno de los problemas más preocupantes en Costa Rica, Trinidad y Tobago y Panamá; así como el derecho a la vivienda en República Dominicana y el Estado Plurinacional de Bolivia.