BUENOS AIRES, 12 Jun. (Notimérica) -
El crecimiento exacerbado de la población penitenciaria en Argentina de los últimos años llevó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a declarar el pasado mes de marzo la "emergencia en materia penitenciaria", la cual se extenderá durante tres años.
El último informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) ha revelado que la sobrepoblación es el problema más destacado de los penales del país, y que afecta a la vigencia de los derechos humanos en las celdas.
La PPN señala que desde 2014 se ha superado la barrera de los 10.000 presos, al tiempo que señala que esta cifra no ha cesado de crecer. De hecho, entre 2015 y 2017 la población reclusa creció un 23 por ciento, según datos del Sistema Nacional de Estadística sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP).
Con fecha de 31 de diciembre de 2017, la más actual, el Observatorio de Seguridad Ciudadana recoge que 85.283 personas se encuentran privadas de libertad en el país.
Sin embargo, ¿cuál es el verdadero motivo de este incremento? ¿Podría deberse a una generalización de la delincuencia en los últimos años?
La pobreza como factor que interviene en el aumento de la criminalidad de un país, podría considerarse en este contexto de crisis carcelaria. Sin embargo, el citado informe apunta y advierte que el hacinamiento carcelario está vinculado también a la política punitiva oficial.
Esta inflación penitenciaria no se ciñe únicamente a la región argentina, sino que se trata de una realidad generalizada a nivel internacional, aunque Iberoamérica destaca por sus alarmantes cifras que, en muchas ocasiones, vulneran las condiciones de detención adecuadas que deben brindar los Estados.
De acuerdo con PPN, este proceso de sobrepoblación fue iniciado en Estados Unidos en la década de 1980 y se vio "vehiculizado a través de la implementación de estrategias de endurecimiento punitivo".
El uso sistemático de la prisión preventiva constituye uno de los factores principales de este problema, ya que cerca del 60 por ciento de los reclusos --en un 96 por ciento varones-- se encuentran bajo el régimen de prisión preventiva, y tan solo cuatro de cada 10 posee una condena firme.
A la anterior medida sistematizada cabría sumarle el escaso uso de alternativas a la cárcel y la presión de la opinión pública en materia de seguridad.
Por otra parte, el aumento de los fallecimientos bajo el Sistema Penitenciario Federal (SPF) por enfermedad durante el último año evidencian la carente atención médica que se les brinda.
Sobre la respuesta del SPF, la Procuración señala que las autoridades están llevando a cabo medidas improvisadas que derivan en "la afectación de derechos de las personas privadas de libertad".