MADRID, 25 Feb. (Notimérica) -
En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los pueblos indígenas. Lo que esta declaración pone por escrito e intenta garantizar son unos derechos de los que el resto de las comunidades 'civilizadas' llevan haciendo uso durante años.
Se refieren básicamente a derechos territoriales, sobre sus asentamientos y recursos vitales, a su cultura e identidad, así como a su lengua materna, a un empleo, a la educación, a la asistencia sanitaria y a poder determinar libremente su condición política y económica.
Los pueblos indígenas de América Central comparten una historia común de discriminación y exclusión de las sociedades con las que conviven. A través de los Derechos Humanos (DDHH), estos pueblos encontraron el impulso para alcanzar cambios políticos y construir una relación de respeto con los Estados.
En la actualidad, a pesar de los avances, siguen existiendo grandes brechas entre el respeto y la protección de los derechos. La situación real que viven los pueblos indígenas de esta región es muy distinta a la que se suele mostrar.
Casi uno de cada tres indígenas latinoamericanos siguen viviendo en la pobreza pese a los importantes avances logrados por los países de la región durante la época de bonanza económica de la primera década del siglo, tal como reportó el último estudio del Banco Mundial.
Los países centroamericanos que menos avances han experimentado en materia de DDHH, y fundamentalemente en relación con los colectivos indígenas, son Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala.
COSTA RICA
Costa Rica es un país en el que conviven desde hace más de 15 mil años muchas culturas indígenas, con seis idiomas diferentes y repartidas en más de 20 zonas por todo el territorio nacional. Las principales tribus son: los bribris, los brunkas o borucas, los cabézares, los chorotegas, los huetares, los malekus, los teribes y los ngäbes. Todos ellos componen la riqueza milenaria de la tradición indígena.
La Ley indígena de Costa Rica lleva vigente desde 1977 y declara que estos territorios son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan. Pese a esto, a muchos de ellos les han despojado violentamente de sus tierras y las han ocupado para explotar sus recursos naturales.
En el caso de este país, las olas de violencia contra los pueblos indígenas provocaron que el pasado mes de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiera al Gobierno costarricense adoptar una serie de medidas para resguardar la vida y la integridad de estas comunidades.
La líder de la comunidad de los bribri, Roxana Figueroa, afirmó a la agencia Inter Press Service (IPS) que desde la adopción de esta medida por el Gobierno se han reducido los actos violentos, no obstante, siente miedo ya que "nos tienen identificados a los que hemos participado en la recuperación y saben quiénes somos los que estamos en esta lucha".
Según indican expertos en DDHH, en Costa Rica se está viviendo un retroceso. En cuanto al derecho a acceso a la justicia los pueblos indígenas siguen siendo víctimas de conductas discriminatorias, tanto de las autoridades ministeriales como de las autoridades judiciales.
Entre las violaciones más frecuentes están la deficiente defensa legal, no contar con intérpretes y traductores durante el proceso y la falta de consideración de su condición de indígena.
PANAMÁ
En Panamá conviven pueblos indígenas diferentes, los bokota, los bribri, que también habitan en territorio costarricense como los ngäbes, los buglé, los mebrá, los guna, los nasso y los wounaan, entre otras.
Todos ellos están reconocidos por la Constitución Política panameña, que en su artículo 86 señala que "el Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales y realizará programas para desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada una de sus culturas".
A pesar del respeto al que se hace mención en este artículo, la Constitución no menciona que Panamá sea una nación multicultural y pluriétnica. Las comunidades indígenas de este país abarcan un veinte por ciento de todo el territorio nacional.
La CIDH también solicitó al Gobierno panameño que tomase medidas en materia sanitaria y de vivienda a todos aquellos indígenas víctimas de los desalojos y destrucción de sus hogares y cultivos violentamente, con el fin de explotar los recursos naturales y turísticos de las zonas donde están asentados.
Los indígenas también poseen el derecho a ser consultados a cerca de todas aquellas acciones que les conciernan o afecten. En este sentido Panamá tiene una falta de mecanismos que han generado una situación de conflicto entre estas comunidades y el Gobierno, algo también criticado por la ONU.
El acceso a la justicia estatal se encuentra limitado por factores tan diversos como la existencia de defensores públicos no capacitados en los derechos de pueblos indígenas, la ausencia de intérpretes con conocimientos de la terminología jurídica y la insuficiencia de recursos económicos para el seguimiento a una denuncia.
Debido a ello se han presentado situaciones de conflicto entre el sistema de justicia estatal y el sistema de justicia propio de los pueblos indígenas, motivados en gran medida por el desconocimiento por parte de las autoridades estatales del derecho de los pueblos indígenas sobre la administración de justicia, y por la negación de la existencia del pluralismo jurídico.
La sanidad y la educación han mostrado un proceso de apertura con los indígenas en los últimos años, sobre todo en materia de educación y en la actualidad ya son muchos los niños de estas etnias que están escolarizados en Panamá. No obstante, en materia sanitaria existe un déficit en los dispositivos médicos de las comunidades indígenas.
HONDURAS
Honduras es uno de los países con mayores índices de criminalidad e impunidad de violaciones de Derechos Humanos, no solo hacia el colectivo indígena, sino también hacia periodistas y activistas.
Tal y como ha recogido la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en su informe anual, las acciones del Gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, para investigar y juzgar los casos de violaciones de DDHH, apenas han tenido avances en 2015.
Las concesiones de explotación de los territorios, sobre todo indígenas, son otorgadas sin el consentimiento de estas comunidades, quienes se sienten indefensas ante el enorme impacto que causa en su hábitat natural los proyectos de esta naturaleza.
Los pueblos indígenas reclaman medidas efectivas que garanticen la protección y el acceso a sus territorios, ya que con o sin título de propiedad sobre el territorio, los pueblos indígenas se ven afectados de la misma manera por la invasión de compañías.
Más de noventa personas han sido asesinadas en los últimos años en relación a controversias por tierras en el valle del Bajo Aguán, la mayoría de ellas a partir de 2009. Esta problemática enfrenta a empresas agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas, que reclaman ser las legítimas propietarias de tierras transferidas tras una reforma de la Ley Agraria del país en 1992.
Las autoridades hondureñas no han investigado los abusos ni brindado protección a todas las personas en riesgo. También muchos líderes indígenas que promueven causas ambientales han sufrido ataques violentos que han quedado impunes.
GUATEMALA
En Guatemala casi la mitad de la población del país es indígena, mayas, xincas y garífunas. De hecho en varias regiones del país, especialmente en las zonas rurales, los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población.
La identidad nacional guatemalteca está basada en gran medida en las culturas vivas de sus pueblos indígenas; con sus tradiciones, valores comunitarios, lenguas y espiritualidad. Éstos han sido excluidos políticamente, discriminados culturalmente y marginados económicamente en la sociedad nacional, según ha indicado la Red Internacional de Derechos Humanos.
La situación de los derechos humanos de los indígenas en Guatemala tiene su origen en el marco de los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin a un conflicto armado interno de más de 30 años de duración. Para implementarlos, el Gobierno ha tomado diversas medidas que, pese a constituir pasos significativos, resultan ser poco efectivas e insuficientes debido a la ausencia de recursos que les son asignados y a la poca voluntad política para llevarlas a cabo
Uno de los problemas fundamentales que aqueja a los pueblos indígenas es el derivado del derecho a la tierra. La falta de acceso a la tierra y resolución de demandas agrarias y la ausencia de respeto a los territorios tradicionales han provocado los desplazamientos forzados de pueblos indígenas.
Esto se debe a proyectos de desarrollo económico, y problemas derivados de la pérdida de sus tierras a raíz del conflicto armado, lo que configura un panorama de crecientes tensiones sociales.
La situación de los pueblos indígenas en relación con el acceso a la justicia es otro tema preocupante. Si bien el Gobierno ha tomado distintas medidas para extender el sistema de administración de justicia en todo el país, especialmente en las zonas indígenas, la cobertura es aún insuficiente.
Los pueblos indígenas tiene grandes dificultades de acceso a los juzgados y tribunales, de discriminación contra su derecho consuetudinario y de la falta de intérpretes en lenguas indígenas en los tribunales, así como de defensores de oficio.
En el campo de la educación, cuestión prioritaria para estos pueblos, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno para proporcionar educación bilingüe e intercultural, no hay aún suficientes maestros capacitados y los demás recursos educativos son inadecuados.
Las escuelas carecen de textos y otros materiales pedagógicos, especialmente en las zonas rurales en las que viven los indígenas. Las cifras de escolarización, sobre todo de las niñas indígenas, siguen siendo bajas en comparación con el resto de la población infantil.