CIUDAD DE MÉXICO, 11 jul (Reuters/Notimérica).-
Expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de los 43 estudiantes en México han sido el blanco de un intento de espionaje con un software vendido al Gobierno mexicano para combatir al terrorismo, ha dicho este lunes un centro de estudios canadiense.
Un reporte del centro 'Citizen Lab' sostiene que el programa Pegasus se intentó infiltrar en dos teléfonos móviles del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual indagaba el caso ocurrido en septiembre de 2014 y que sacudió al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
"Los intentos de infección documentados ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco antes de la publicación del informe final de GIEI sobre su investigación", indica el documento del centro de estudios con sede en la Universidad de Toronto.
Los mensajes analizados fueron dos, recibidos los días 1 y 4 del mes de marzo, ha añadido 'Citizen Lab' en su informe público. "Esto es un asunto muy delicado (...) un problema mayúsculo. Cualquier Estado debe reaccionar de manera inmediata", ha indicado a la agencia de noticias 'Reuters' Ángela Buitrago, una de las investigadoras del GIEI, quien considera que de haberse filtrado datos reservados esto pudo "haber llevado al traste" algunas pesquisas.
"Si el Gobierno de México lo está utilizando, debe hacer una valoración forense para saber quiénes y cómo lo están utilizando (...) debe haber controles", ha dicho la exfiscal colombiana con referencial al programa Pegasus.
El paradero de los estudiantes del magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala --en el sureño estado de Guerrero--, sigue siendo un misterio desde que fueron detenidos por policías coludidos con criminales que los llevaron a varios puntos donde los habrían entregado al grupo delictivo Guerreros Unidos.
El Gobierno mexicano no ha logrado esclarecer cuál fue el destino final de los estudiantes. Santiago Aguirre, un abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro --representante legal de los padres de los estudiantes desaparecidos--, dijo a 'Reuters' que este tipo de actos ponen en duda la apertura que el Gobierno mexicano ha tenido para el escrutinio internacional.
Aguirre dijo que aún no tienen conocimiento de que el FBI haya respondido a la solicitud de asistencia para el presunto caso de espionaje. "Esta investigación en este contexto requiere garantías de independencia", subrayaba. Organismos de la sociedad civil han insistido en que México debe aclarar qué instituciones han utilizado Pegasus.
En junio, varias organizaciones de activistas y periodistas denunciaron que 16 personas fueron espiadas por autoridades federales a través del programa informático creado en Israel que se instaló en sus teléfonos inteligentes.
'The New York Times' publicó recientemente que México gastó cerca de 80 millones de dólares en un programa de espionaje que se ofrece a gobiernos con la condición de que sea utilizado para combatir a grupos criminales.
A través de un comunicado, el Gobierno de México rechazó "cualquier acto que atente en contra de la libertad de expresión y del derecho a la privacidad de las personas", por lo cual pidió a los afectados presentar su denuncia. También reiteró su compromiso para trabajar con la CIDH.
El mes pasado, el presidente dijo que se investigaría el caso y aclaró que el Gobierno adquirió el software para combatir al crimen organizado.