MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha registrado este miércoles en el Congreso una reforma legal para extender a las confesiones con notorio arraigo --mormones, budistas, testigos de Jehová, la Iglesia ortodoxa y la Fe bahá'í-- el régimen fiscal establecido para la Iglesia católica y el resto de confesiones que tienen firmados Acuerdos con el Estado --musulmanes, judíos y evangélicos--, para que todas ellas estén exentas de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Se trata de una de las 37 enmiendas que el PSOE ha registrado al proyecto de Ley de Función Pública que actualmente tramita el Congreso y con la que se rescata la propuesta que los socialistas ya defendieron hace dos años y acodaron con las propias confesiones religiosas, pero que se frustró por el adelanto de las elecciones generales.
En concreto, los socialistas proponen añadir una disposición final nueva a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Ley de Mecenazgo).
"El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de aplicación a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos a que se refiere la disposición adicional anterior. Así mismo, será de aplicación a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y sus respectivas federaciones que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, tengan reconocido notorio arraigo en España", añade la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press.
El Gobierno ya intentó en 2023 equiparar fiscalmente a todas las confesiones. En concreto, el Ministerio de la Presidencia llegó a un acuerdo con las confesiones de notorio arraigo --la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová-- para equiparar su fiscalidad a la de la Iglesia católica, judíos, musulmanes y evangélicos, y que iba a beneficiar a los 1,3 millones de fieles de estas religiones que residen en España.
El acuerdo fue abordado durante una reunión entre el entonces ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, con representantes de la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los Testigos de Jehová.
En virtud de este acuerdo, según indicaron, estas confesiones podrían disfrutar de los mismos beneficios fiscales que tienen reconocidos la Iglesia Católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica, así como las entidades sin ánimo de lucro, como las ONG o las fundaciones.
En concreto, las confesiones de notorio arraigo no tendrían que pagar el IBI para los bienes destinados al culto y sus dependencias o edificios y locales anejos que estén destinados al culto, a la asistencia religiosa y a la residencia de ministros de culto; para los locales destinados a oficinas de las entidades religiosas, ni para los centros destinados únicamente a la formación de ministros de culto.
Asimismo, el acuerdo incluía el reconocimiento de otras exenciones fiscales en impuestos estatales (impuesto de sociedades) y tributos locales (IAE y plusvalía, entre otros).
La medida, según señaló en aquel momento el Ministerio de Presidencia, respondía a "una demanda histórica" de las confesiones con notorio arraigo sin acuerdo de colaboración con el Estado y venía a "corregir una diferencia de trato de difícil justificación en este momento".
Para articular esta reforma, al día siguiente de la firma de este acuerdo, el PSOE sacó adelante en el Congreso una enmienda a la proposición de ley de modificación de la Ley de mecenazgo, transaccionada con otros grupos parlamentarios, con el apoyo del PP y el rechazo de Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos.
Si bien, la norma decayó con la convocatoria de elecciones y el Ejecutivo decidió aprobarla en diciembre de 2023 como Real Decreto, aunque esta enmienda quedó excluida del texto.