BRASILIA, 23 Nov. (Notimérica) -
La revista brasileña Veja ha sido acusada de insinuar que el gobierno de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, habría recibido alertas de la corrupción de la petrolera brasileña Petrobras años antes de que el caso de corrupción se esclareciera.
Tras intentar manipular los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil de este año --operación condenada por la Justicia Electoral--, Veja ha señalado que ya "en 2009 había conocimiento de las desviaciones que realizaba el entonces director de Petrobras, Paulo Roberto Costa", que fue despedido en 2012 por el gobierno de la mandataria Rousseff, según ha informado el blog de la Presidencia de la república brasileña Planalto.
Las prácticas ilegales de Costa se hicieron públicas en 2014, tras una investigación conjunta entre la Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil.
El pasado 6 de noviembre, la revista informó a la Secretaría de prensa de la presidenta de la república de que publicaría la noticia "basándose en pruebas objetivas", que probaban que la entonces primera ministra Dilma Rousseff había recibido un correo electrónico de Costa, donde se indicaban irregularidades detectadas en 2009 por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
RESPUESTA DE LA REPÚBLICA
Un día después la Secretaría de prensa de la presidencia de la República brasileña escribió esta nota para la revista:
"En 2009, la Presidencia era responsable de la coordinación del Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC). De ese modo, los informes y los acuerdos del TCU relacionados con las obras de este programa eran enviados sistemáticamente por el propio tribunal para que lo supiera la Presidencia.
Tras recibir del Congreso Nacional (En agosto de 2009), del TCU (el 29 de septiembre del 2009) y de Petrobras (29 de septiembre de 2009), las informaciones sobre los problemas eventuales en las obras de la refinería 'Abreu e Lima', la Presidencia tomó las siguientes medidas:
a. Devolución del asunto a la Secretaría del Estado (CGU, por sus siglas en portugués), en septiembre de 2009, para el trámite correspondiente;
b. Determinación para que el grupo de acompañamiento del PAC realizara un examen, junto con el Ministerio de Minas y Energía y la pretrolera Petrobras;
c. Participación en la reunión de trabajo entre los representantes del TCU, la Comisión Mixta de Presupuestos, Petrobras y MME, tras la inclusión de la determinación de la suspensión de las obras de refinería Abreu e Lima en el presupuesto de 2010 aprobado por el Congreso.
En esta reunión, realizada el 20 de enero de 2010, "hubo un consenso sobre la viabilidad de la regulación de los conflictos identificados por el TCU" en las obras de la refinería 'Abreu e Lima' (de acuerdo con las razones de veto del 26 de enero de 2009). Fue decidido, también, el acompañamiento de la solución de estos conflictos, por medio de reuniones regulares entre el MME, el TCU y Petrobras.
A partir de ahí, el presidente de la República decidió no acceder a la propuesta de paralizar la obra, con base a los siguientes elementos:
1) la valoración de que los conflictos levantados por el TCU sería regularizados:
2) las informaciones prestadas en nota técnica del MME que evidencia los prejuicios por inactividad; y
3) el pedido formal de veto por parte del entonces gobernador de Pernambuco (Brasil), Eduardo Campos.
Este veto fue apreciado por el Congreso Nacional, y fue mantenido.
A partir de 2011, el Congreso Nacional, reconociendo los avances en el trabajo conjunto entre MME, Petrobras y el TCU, no incluyó las obras de la refinería 'Abreu e Lima' en el conjunto de aquellas que deberían ser paralizadas.
Después, a partir de 2013, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por Petrobras, el TCU modificó su posicionamiento sobre la necesidad de paralizar las obras de la citada refinería 'Abreu e Lima'".
INCONSISTENCIA DEL REPORTAJE DE VEJA.
Al tener estos datos en cuenta, es posible probar que las insinuaciones de la revista brasileña carecen de fundamentos constatados.
Los temas pendientes del TCU en las obras de la citada refinería ya habían sido comunicados en agosto a la Presidencia de parte del Congreso, y habían sido repasadas por el órgano competente, el CGU.
Asimismo, los representantes del TCU, la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso, Petrobras y el Ministerio de Minas y Energía discutieron la solución de los conflictos y, posteriormente, el Congreso Nacional acordó la continuación de las obras en la refinería.
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