MÉXICO DF, 15 Nov. (Reuters/Notimérica) -
La brutalidad y la corrupción policial en México han provocado la crisis más grave al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quien hace dos años, al asumir el poder prometió restaurar el orden en un país agobiado por la violencia del narcotráfico.
La policía local de la sureña ciudad mexicana de Iguala secuestró el 26 de septiembre a 43 estudiantes normalistas y los entregó a una organización de narcotraficantes, que presuntamente los asesinó e incineró para no dejar rastros.
El caso, que está siendo investigado, ha despertado la furia de muchos mexicanos e ilustra la magnitud del reto que Peña enfrenta al intentar poner fin a años de impunidad y de violencia sin precedentes.
"Lo que estamos viendo son los resultados de muchos años de descomposición, complacencia y negación de muchos gobiernos en turno", dijo Eduardo Olmos, ex alcalde de la ciudad de Torreón, quien purgó los 1.000 miembros -menos una mujer- de su fuerza policial en 2010 porque estaba infiltrada por la organización criminal Los Zetas.
Por casos como estos, una buena parte de los mexicanos cree que la policía es corrupta o inepta, y es más conocida por quebrar la ley que por resolver crímenes.
La semana pasada, el ex presidente Ernesto Zedillo dijo que el estado de derecho en México se encontraba en muy mal estado.
NO HAY SOLUCIONES FÁCILES.
La nación tiene miles y diversificadas policías en cada uno de sus casi 2.500 municipios, 31 estados y la capital del país.
Los salarios bajos, en algunos casos de unos 5.000 pesos (370 dólares) al mes, alientan la corrupción.
Los cárteles del narcotráfico y otras pandillas usualmente sobornan a la policía para garantizar al menos el encubrimiento de sus operaciones, pero en ocasiones también la involucran en asesinatos y secuestros como en Iguala.
En el norteño Torreón, un paso obligado en rutas clave del narco, Los Zetas reclutaron policías para su guerra con el hoy capturado capo Joaquín "Chapo" Guzmán, cuyos colaboradores controlaban a la policía de la vecina Gómez Palacio.
Cuando Olmos se apoyó en un militar para depurar Torreón, la policía se rebeló rodeando y ocupando su oficina. Respondió con una orden para hacer pruebas para probar su lealtad. Solamente una persona aprobó.
Aun con una nueva fuerza, la purga continuó el resto del periodo de Olmos, debido a que la ciudad tuvo problemas para encontrar policías "limpios".
En Iguala, docenas de policías locales han sido arrestados mientras se investiga la desaparición de los estudiantes, y el resto de los 380 miembros han sido removidos de sus funciones.
Su ahora ex alcalde, José Luis Abarca, su esposa y el ex jefe de la policía son sospechosos de planear el secuestro coludidos con la organización criminal local, Guerreros Unidos.
REFORMAS FALLIDAS
Hace 20 años, Guerrero también fue blanco de un escándalo similar cuando la policía masacró a 17 campesinos. Poco después, Zedillo creó una policía federal, corregida y aumentada.
Pero los problemas continuaron y la policía federal recibió acusaciones de una serie de abusos bajo la presidencia de Felipe Calderón, antecesor de Peña Nieto, y militante del ahora opositor Partido Acción Nacional (PAN).
En 2012, un grupo de policías federales fue acusado de intento de asesinato de dos agentes de la CIA estadounidense.
Los sucesores de Zedillo han hecho sus propios intentos por reformar los cuerpos policiales, con éxitos limitados.
Recientemente, Peña Nieto lanzó una fuerza militar dentro de la policía federal, conocida como Gendarmería, pero en una proporción de apenas una décima parte de la que había anticipado cuando se postulaba a la presidencia.
En un país en donde el 98 por ciento de los crímenes no se resuelven, la justicia frecuentemente no aparece. Raramente transcurre una semana sin un escándalo.
A finales de octubre, la policía fue cuestionada por la muerte de tres estadounidenses en el norte de México. Y los expertos creen que México no mejorará sin reformas.
Solo con una policía bien pagada y mejor entrenada a nivel nacional se podría hablar de resultados, dijo el jefe de la consultora Risk Evaluation, Alberto Islas. "Esa es la vía para tener el control", dijo. "Una gendarmería nacional y listo", agregó.
Hasta la fecha, la Gendarmería está integrada por 5.000 elementos. En todo el país, hay más de 400.000 policías.
Aun así, una fuerza nacional podría debilitar el poder de los 31 gobernadores estatales, quienes se han acostumbrado a la impunidad, lo que la hace improbable por ahora, dijo el analista político Fernando Dworak.
Los estados más acaudalados del norte del país, afectados por una cruel violencia en su zona fronteriza, han hecho intentos por endurecer sus sistemas judiciales y mejorar sus cuerpos policiales.
Esto ha arrojado algunos resultados, ayudados por la presión oficial sobre organizaciones sangrientas como Los Zetas.
En contraste con 2011, cuando la violencia en el norte alcanzó su punto máximo, los asesinatos en Nuevo León bajaron un 75 por ciento a 378 en los primeros nueve meses del año, mientras que en Chihuaha cayeron casi en dos tercios a 828.
Aun así, en Nuevo León hay cuatro veces más asesinatos que en 2004, mientras que en Chihuahua hay dos veces y media más.
Mientras que Nuevo León ofrece capacitación policial por seis meses, algunas fuerzas rurales tienen pocos días, como en el violento estado de Michoacán, donde los homicidios están en camino de alcanzar un máximo de 16 años.
Gran parte de la responsabilidad de la corrupción policial recae en sus jefes, dijo María Elena Morera, quien encabeza Causa en Común, un grupo que busca mejorar la transparencia.
"¿Por qué alguien que roba peanuts (cacahuates) va a creer que es importante si el de arriba roba millones y no le pasa nada?", cuestiona. "Si el presidente quiere regresar al país a un Estado de Derecho, además de trabajar en el fortalecimiento institucional, tiene que dar muestras claras que la casa se barre desde arriba hacia abajo", agregó.
Hasta ahora, los políticos se han mostrado reacios. Una propuesta para combatir la corrupción ha estado atrapada en el Congreso en los últimos dos años y dos ex gobernadores estatales del PRI han sido acusados en cortes de Estados Unidos por crímenes que van desde el lavado de dinero al tráfico de drogas. Todavía no han sido inculpados en México.
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