LIMA, 17 Dic. (Notimérica) -
La matanza de Putis, cometida el 13 de diciembre de 1984 y en la que murieron 123 personas a manos de un destacamento del Ejército, continúa impune, por eso, miembros de las 13 comunidades que integran el distrito de Santillana (en el departamento de Ayacucho) han recordado a las víctimas este domingo y exigido justicia al Gobierno.
Hace 30 años, miembros del Ejército peruano concentraron con engaños a los 123 pobladores en la comunidad de Putis y, tras violar a las mujeres, los mataron, aduciendo que se trataba de colaboradores de Sendero Luminoso, que nació en 1980 como el Partido Comunista del Perú (PCP-SL), pero tras numerosos crímenes, son considerados una organización terrorista por la ONU y la Unión Europea.
Hasta hoy, el Ejército de Perú no ha dado a conocer los nombres de los responsables militares de la matanza, por eso, este crimen de lesa humanidad continúa impune, y es considerado como una de los peores actos de la guerra interna. Aunque hace 13 años se inició una investigación, todavía no ha llegado ni a juicio oral y sólo se ha identificado a cuatro de los mandos.
En el homenaje a las víctimas este domingo, celebrado en la comunidad de Rodeo, en Putis, han participado la congresista Marisol Pérez Tello, el presidente de la Asociación de Afectados por la Violencia de Putis, Sergio Condoray, y la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Adelina Mendoza, entre otros.
Como parte del programa, visitaron la fosa mayor de Putis, en la que se encontraron los restos de 90 personas, aunque sólo se ha identificado a 28. Además, el diario 'La República' fue reconocido como el medio que descubrió la existencia de las fosas, el 16 de noviembre de 2001.
"Los reporteros de La República no hicimos otra cosa que cumplir con el deber. El mérito corresponde a las víctimas, muertas sin razón; y a los deudos, que a lo largo de 30 años mantienen firme su lucha en defensa del derecho a la vida y no han sido escuchados", ha explicado el reportero de 'La República', Edmundo Cruz, según ha publicado el diario peruano.
UNA MATANZA SIN JUSTICIA
Las 123 personas que fueron asesinadas el 13 de diciembre de 1984 pertenecían a las localidades de Cayramayo, Vizcatampata, Orccohuasi y Putis, en el distrito de Santillana (Ayacucho), y fueron víctimas "de una ejecución arbitraria llevada a cabo por efectivos del Ejército acantonados en la comunidad de Putis", según ha denunciado la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), comisión creada para elaborar un informe sobre la violencia interna en el país, que se presentó en 2003.
"Los comuneros fueron reunidos por los militares con engaños, obligados a cavar una fosa y luego acribillados por los agentes del orden", según aparece en el informe de CVR. Tras reunir a todos en el colegio del poblado, los miembros del Ejército "les aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos".
Con ese pretexto los militares ordenaron a los hombres, apuntándolos con sus armas, que cavasen una gran poza. A algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron que allí construirían casas.
Sin embargo, cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que habían hombres, mujeres y niños, y "sin mayor explicación les dispararon a matar".
"Los asesinaron porque tenían sospecha de que estaban vinculados a la subversión [a Sendero Luminoso]; además, para lucrar con el producto de la venta del numeroso ganado de propiedad de los campesinos que, luego de los hechos, comercializaron en Marccaraccay -comunidad en Santillana-", según prosigue el informe.
SENDERO LUMINOSO
La organización terrorista Sendero Luminoso nació en 1980 como el Partido Comunista del Perú (PCP-SL). Se trata de una organización subversiva y terrorista, que en mayo de 1980 desencadenó un conflicto armado contra el Estado y la sociedad peruana.
La CVR ha constatado que a lo largo de ese conflicto, "el más violento de la historia de la República", el PCP-SL cometió "gravísimos crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad y fue responsable del 54 por ciento de víctimas fatales reportadas". En base a los cálculos realizados, la CVR ha estimado que la cifra total de víctimas fatales provocadas por el PCP-SL asciende a 31.331 personas.
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