TIJUANA (MÉXICO), 17 Dic. (Reuters/EP) -
Cientos de migrantes centroamericanos se agolpan en los campamentos improvisados que se han levantado en la frontera de México con Estados Unidos a la altura de Tijuana. Aguardan a poder continuar su camino o a ser deportados, algo que para muchos supone una sentencia de muerte.
La familia Pineda forma parte de los miles de hondureños que a mediados del pasado mes de octubre pusieron rumbo a Estados Unidos. Se enteraron del avance de la caravana centroamericana a través de televisión y, tras un debate familiar, decidieron unirse.
Llevaban huyendo casi un año dentro su propio país, escondiéndose en casas de familiares y amigos para huir de la violencia política desatada con las elecciones presidenciales de 2017 que dieron un segundo mandato a Juan Orlando Hernández en medio de las acusaciones de fraude de la oposición. Los disturbios se saldaron con 16 muertos.
La misma noche electoral, el 26 de noviembre de 2017, hombres encapuchados con uniformes militares irrumpieron se presentaron en su casa de Peña Blanca blandiendo sus armas. "Me dijeron que por involucrar a la gente en los partidos políticos me iban a llenar de plomo", ha contado Secundina Pineda, de 25 años.
La familia Pineda, las cuatro hermanas y el padre, de 65 años, son miembros activos del partido opositor LIBRE, vinculado al expresidente hondureño Manuel Zelaya, que fue derrocado en un golpe de Estado en 2009. Creen que los hombres que les amenazaron eran sicarios del Gobierno de Hernández.
La violencia política es una de las causas que esgrimen los migrantes centroamericanos. Reuters no ha podido verificar la historia de la familia Pineda pero los observadores de Derechos Humanos y abogados consultados por la agencia británica aseguran que han escuchado historias similares.
Según el Comité de los Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), los escuadrones de la muerte han llevado a cabo al menos 38 masacres con cinco o más víctimas en 2018. Su directora, Berta Oliva, asegura que los crímenes políticos se hacen pasar por delitos comunes.
Oliva ha denunciado que "desde 2017 a la fecha Honduras ha marcado un quiebre como nunca antes visto en temas de Derechos Humanos (...) y democracia, en temas de verdad". "Esto es fundamentalmente lo que ha hecho que la mayoría de la gente decida migrar como aves en bandadas", ha afirmado.
"Las Fuerzas Armadas hondureñas no persiguen absolutamente a nadie", ha contestado el capitán José Domingo Mesa, un portavoz militar. "Muchas personas que están tratando de conseguir asilo (en Estados Unidos) están tratando de buscar justificaciones políticas, muchas veces culpando a las Fuerzas Armadas", ha señalado.
Soledad Pazo, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, ha indicado que las instituciones judiciales son incapaces de llevar a cabo una investigación adecuada. "Acá hay un nivel muy alto nivel de impunidad", ha lamentado.
RIESGO DE DEPORTACIÓN
Muchos de los migrantes concentrados en Tijuana han presentado solicitudes de asilo, una protección internacional que el Gobierno de Donald Trump ha restringido significativamente. Solo el 14 por ciento han obtenido un 'sí' por respuesta durante el año fiscal 2018. Así, algunos, hartos de esperar, han optado por cruzar de forma ilegal.
Otros, en cambio, sopesan el retorno voluntario, aunque Estados Unidos deporta anualmente a una media de 22.000 hondureños. Los Pineda temen correr esa misma suerte. "Si nos deportan, somos comida fácil", ha asegurado Secundina Pineda.
Ella cuenta que quiere aprender inglés y estudiar marketing en Miami, donde tiene una amiga. Su hermana mayor, Leida, de 33 años, dice que aceptará cualquier tipo de trabajo, aunque sea limpiando váteres. José Melvin Pineda, el padre, quiere seguir trabajando en la construcción a pesar de sus 65 años.