PETÉN (GUATEMALA), 9 Dic. (Notimérica) -
La Masacre de Las Dos Erres se conoce como el exterminio llevado a cabo por militares y kaibiles --fuerzas de élite-- de las Fuerzas Armadas de Guatemala, durante el Gobierno del general Efrain Ríos Montt, que tuvo lugar del 6 al 8 de diciembre de 1982 en una aldea del departamento guatemalteco de Petén. La matanza se saldó con la tortura y asesinato de toda la población de la aldea --más de 400 personas--.
La Masacre de Las Dos Erres, que se produjo en el marco de la Guerra civil de Guetamala (1960-1996), dio comienzo con el posicionamiento de soldados y patrullas civiles por parte del ejército para impedir que las personas salieran de la aldea. Pero, ¿por qué las milicias guatemaltecas cortaban el paso a los aldeanos?
La aldea Las Dos Erres se fundó en el municipio La Libertad, en el departamento de Petén en 1978 durante el contexto de distribución de las tierras fiscales por parte del Gobierno. En este momento, la agencia gubernamental Fomento y Desarrollo Económico de Petén (FYDEP) autorizó la repartición de 100 caballerías --medida de superficie utilizada por los españoles y sus colonias entre los siglos XV y XVIII--.
Tras estas ocupaciones, a principios de 1982, varios miembros de las insurgentes Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) realizaron actos de presencia en la zona, pero no fue hasta septiembre de ese año cuando se produjo una emboscada a las unidades militares, asesinando a 17 soldados y confiscando su armamento y equipo militar, lo que hizo que se intensificara la presencia de las milicias.
Ante esta situación, el ejército organizó la Patrulla de Autodefensa Civil para controlar la aldea, a lo que sus habitantes se opusieron porque querían ser ellos mismos los que mantuvieran el orden en Las Dos Erres. Por este motivo, las milicias pasaron a considerar a los aldeanos como guerrilleros.
MASACRE DE LAS DOS ERRES
El 5 de diciembre de 1982 llegó a la aldea un pelotón especial de kaibiles con la instrucción de registrar Las Dos Erres, matar a sus habitantes y recuperar 19 fusiles que había tomado la denominada guerrilla en un enfrentamiento.
Los militares se uniformaron como guerrilleros, para de este modo hacer creer a la población que la responsabilidad de las matanzas sería de la guerrilla. Así fue como llegaron a la aldea al menos 58 militares los cuales empezaron a sacar a los aldeanos de sus casas, separando a los hombres, a las mujeres y los niños, confinándolos en dos iglesias de la ciudad. Tras el registro y el interrogatorio a los hombres, no se hallaron armas ni propaganda. Por ello, los jefes de patrulla informaron a la tropa que por la mañana se "vacunaría" a la población.
Ese mismo día por la tarde, las milicias asesinaron a un grupo de niños y posteriormente los arrojaron a un pozo. Fue en este momento cuando varios militares comenzaron a violar a las jóvenes que se encontraban encerradas, muchas de ellas menores de edad.
Asimismo, el ejército condujo a hombres y mujeres con los ojos vendados a un pozo, donde fueron nuevamente interrogados sobre la pertenencia a la guerrilla y sobre quién era el jefe de esta. Ante las negativas, los civiles fueron asesinados y arrojados al pozo.
El 7 de diciembre las mujeres fueron sacadas de la escuela y fusiladas tras la misma. En cuanto a los hombres, estos fueron guiados hasta la montaña donde fueron ejecutados y lanzados al pozo, en el que quedaron algunos vivos gritando en señal de auxilio.
INVESTIGACIÓN
Años más tarde, en julio de 1994, un grupo de antropólogos argentinos contratados por la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), que no contaban con ningún tipo de apoyo por parte del Estado, llevaron a cabo exhumaciones en el pozo de Las Dos Erres. En dicho pozo el equipo encontró los huesos de al menos 162 personas: 67 eran niños menores de 12 años, con una media de edad de siete años.
Este crimen de guerra fue presentado por la FAMDEGUA en 1996 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llegando cuatro años más tarde a un acuerdo de solución amistosa que desembocó en una investigación exhaustiva y seria para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Desde 1999, FAMDEGUA ha identificado a 18 de los kaibiles, siete de los cuales ya han sido capturados, nueve están prófugos y dos ya fallecieron.
En 2009 Amnistía Internacional llegó a la conclusión de que "ningún alto mando ni autoridad compareció ante la justicia por su papel a la hora de ordenar, planificar o ejecutar las violaciones de Derechos Humanos generalizadas y sistemáticas que tuvieron lugar en Guatemala el 8 de diciembre de 1982".
En agosto de 2011, tan solo cuatro de los 58 militares fueron condenados por este exterminio: los oficiales Daniel Martínez, Reyes Collin y Manuel Pop, condenados a 6.030 años de prisión, por 201 muertes. Por su parte, el teniente coronel de infantería Carlos Antonio Carías, fue sentenciado por ejercer como comandante del destacamento militar de Las Cruces, por lo que recibió 6.066 años de prisión.
En cuanto a las responsabilidades del exjefe del Estado José Efraín Ríos Montt en la barbarie de Las Dos Erres, no fue hasta el 28 de enero de 2013 cuando se dio apertura al juicio contra este por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Ese mismo año Ríos Montt fue sentenciado a 50 años de prisión siendo el primer líder iberoamericano en ser condenado a más de medio siglo de reclusión.
En mayo de ese mismo año la sentencia del juicio contra Ríos Montt fue anulada por la Corte de Constitucionalidad por desobediencia y desacato por parte del Tribunal de Mayor Riesgo 'A' por haber ignorado los fallos emitidos por dicha corte. Tras la anulación de la sentencia al exmandatario, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público de Guatemala (MP) presentó ante el Juzgado de Riesgo 'A' una solicitud para que Ríos Montt sea juzgado con medidas de seguridad especiales debido a su delicado estado de salud.
Estas medidas especiales constan de un juicio, aún pendiente de celebrar, a puerta cerrada con la comparecencia de los abogados de todas las partes, tal y como explicó Édgar Pérez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, quien añadió que a partir de los informes médicos, se podría solicitar que el acusado sea internado en un hospital especializado u otras medidas de seguridad y corrección.