BOGOTÁ, 27 Ago. (Notimérica) -
La iglesia de Venezuela y la de Colombia han unido sus voces para que se ponga fin a la grave crisis humanitaria provocada por el cierre de la frontera entre ambos países, decretado el pasado 21 de agosto por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
"Me parece una barbaridad lo que están haciendo", expresó el arzobispo de Coro (Venezuela), monseñor Roberto Lückert, quien pidió acabar con el "atropello a los derechos humanos" que está cometiendo el gobierno de Venezuela con los ciudadanos colombianos que están siendo deportados.
"Les rompen las casas, les roban, los sacan como unos animales a la frontera ...". "Tenemos que reclamar (...) porque eso no puede continuar", expresó este miércoles, según publica la web de la Conferencia Episcopal de Colombia.
"La mayoría de colombianos han venido a trabajar con nosotros", señaló el Prelado, quien denunció que ahora les deportan porque no sirven a los intereses del gobierno, "pero cuando interesaban en la campaña electoral, traían colombianos a votar", dijo en declaraciones a ACI Prensa.
La expulsión de ciudadanos colombianos de Venezuela comenzó el pasado 21 de agosto, después de que el presidente, Nicolás Maduro, decretara el estado de emergencia y cierre de la frontera con Colombia en seis municipios del estado de Táchira, luego de que el 19 de agosto tres soldados venezolanos fueran heridos -según el mandatario-, por paramilitares colombianos.
"TRATOS INHUMANOS".
Ante esta situación, el Episcopado colombiano ha expresado su solidaridad con las familias colombianas que han sido deportadas de Venezuela; ha invitado a la solidaridad del pueblo colombiano, y ha exhortado a las autoridades de los dos países para que, a través del diálogo y la concertación, encuentren caminos para solucionar esta crisis.
"Compartimos el dolor y sufrimiento de las familias que han sido divididas, despojadas de sus bienes, heridas en su dignidad, muchas de las cuales han sido objeto de tratos inhumanos", señaló a través de un comunicado el presidente del Episcopado, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, quien también hizo un llamado a la comunidad internacional para "asumir un compromiso de más cercanía con las personas afectadas".
El presidente del Episcopado colombiano destacó el acompañamiento de la diócesis de Cúcuta (departamento colombiano de Norte de Santander), en cabeza de monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, y de algunos organismos gubernamentales y civiles que se han unido para mitigar el sufrimiento de los retornados.
Al respecto, el obispo de la diócesis de Cúcuta invitó a los gobiernos de los dos países a que se sienten a dialogar y busquen caminos que lleven a fortalecer los lazos de amistad como países hermanos y pongan fin a la crítica situación que se está viviendo en la frontera.
El Jerarca recordó que la diócesis, a través del Centro del Migrante y otros albergues provisionales, está atendiendo a más de 200 personas que han sido deportadas y llegan a pedir la ayuda de la Iglesia.
"Vivimos una situación excepcional como Iglesia católica, estamos tratando de atender un momento difícil, atendiendo las necesidades mínimas de estas personas", dijo.
NIÑOS ABANDONADOS.
Monseñor Ochoa Cadavid explicó que la Iglesia ha puesto en conocimiento del Gobierno colombiano, situaciones particulares donde los padres han sido deportados a Colombia, teniendo que dejar a sus hijos solos en Venezuela.
Advirtió de que a la Iglesia también le preocupa las cifras que arrojan el Sistema diocesano de atención al migrante, donde señalan que más de 1.500 colombianos desean abandonar Venezuela, pidiendo apoyo y acompañamiento en su caminar y en la realidad que viven en este país.
En un mensaje emitido además por esta Iglesia, el obispo exhortó a toda la comunidad para que se una en solidaridad con estas personas y apoyen la campaña de recolección de artículos de aseo y otros utensilios de primera necesidad.
Y es que, con el paso de las horas, la crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana se torna más compleja, luego de que el presidente Nicolás Maduro decidiera prorrogar el cierre de la misma.
Cuatro sacerdotes y nueve diáconos de la Diócesis de Cúcuta, junto con monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, están al frente de la asistencia que esta Iglesia Particular hace a quienes han sido deportados y retornados desde Venezuela.
Actualmente la Diócesis habilitó diferentes puntos de atención para asistir a los afectados, uno de ellos es el Centro de Migraciones que brinda asistencia a 200 personas. Tambián hay otros dos albergues ubicados en los corregimientos de La Parada y Juan Frio, pertenecientes al municipio de Villa del Rosario, los cuales han contado también con el apoyo de la comunidad que ha hecho diferentes aportes alimentarios.