Por Gonzalo Andrés García Fernández*, historiador e investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá (UAH).
MADRID, 9 Mar. (Notimérica) -
Este sensible tema sin duda ha sido una de las polémicas más comentadas en los medios de comunicación en los últimos meses, convirtiéndose en una problemática transversal. Las demandas en el sector de la Educación Superior se han visto inspiradas en la llamada "revolución pingüina" de 2006 y vistas de forma masiva y trasversal en las calles a partir del año 2011 con más movilizaciones que reclamaban una educación universitaria más justa e igualitaria.
A partir de entonces, la educación empezó a tomar una relevante importancia en las agendas de promesas de los partidos políticos. La deuda social que tienen las instituciones públicas con respecto a temas educacionales es algo patente y bastante urgente.
La Educación Superior en Chile es una de las más caras del mundo según informes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En la presidencia de Patricio Aylwin en adelante el proyecto privatizador hacia la Educación Superior se puso en marcha, dejando tal como estaba la ley promulgada por el dictador Augusto Pinochet en el año 1981, donde se establecería el arancel único en sustitución del arancel diferenciado.
Dicho escenario comenzaría a generar desigualdad y segregación social en Chile ya que, al igualar los precios, se empezaría a evidenciar los que tenían capacidad financiera para pagar y los que no. Estos sucesos fueron fundamentales para hacer de las universidades participes del lucro y del inevitable endeudamiento en las familias.
La problemática de la Educación Superior en Chile no es solo un escenario donde se reclame la gratuidad, ya que también se demanda calidad y el fin del lucro en las universidades públicas. El Ministerio de Educación en Chile (MINEDUC) presentó a finales del pasado año un proyecto de ley para abordar la gratuidad en Chile, un proyecto que, como mencionábamos al principio, no será total sino, más bien, parcial.
¿Problema de voluntad política? ¿Recesión económica? Los partidos de la Nueva Mayoría se escudan en los datos del PIB del pasado ejercicio, que ya no existe el dinero suficiente para costear todo el programa. Evidentemente esto es una excusa, ya que si analizamos con un poco de profundidad nos daremos cuenta de que el problema es político. Tener en cuenta que hayan tenido que pasar más de 25 años para que la educación tuviera un proyecto de ley parcial de gratuidad en la Educación Superior da para pensar.
El/los gobierno/s no tiene/n voluntad política para tratar estos temas (como la educación, pero podríamos mencionar otros como la sanidad o las pensiones) ya que su modelo económico no se lo permite. El neoliberalismo implantado en Chile desde los años de la dictadura de Pinochet que continúa en la actualidad no ha sido extirpado aún.
Los matices establecidos desde que se pactó la transición a la democracia entre los Partidos por la Concertación a la Democracia y la Dictadura siguen siendo matices o pequeños cambios, por lo que reformas como las que se plantean en torno a la educación están condenadas a adjudicarse una vida muy corta o a tener poco alcance social.
La nueva reforma de ley educacional establece una serie de parámetros para los estudiantes de ingresos por "deciles", es decir, 10 escalas siendo el decil 1 el sector más vulnerable y el 10 el que más ingresos posee. Esta división económica por ingresos y número de integrantes en la familia establece que los primeros 5 deciles podrían disfrutar del nuevo plan o, en otras palabras, la exención total de los pagos de la carrera elegida por el alumno o alumna.
Solo las universidades pertenecientes al CRUCH** son las que están dentro del plan, además de las universidades privadas que cumplan con unos determinados condicionantes. Hay algo alarmante en todo esto y es que se da por asumido el que se puedan beneficiar con fondos del Estado universidades privadas. Efectivamente se pone como condicionante el no al lucro pero siguen siendo privadas.
Parlamentarios como el señor Gabriel Boric, de izquierda autónoma, comentan que el plan de gratuidad a las universidades privadas que tengan función pública y que no posean "dueño" deberían ser beneficiarias. Hasta los más progresistas y críticos con la ley no contemplan un plan de gratuidad en el cual solo estén las universidades estatales, es decir, 16 de las 25 del CRUCH***.
El debate no planteado es que si universidades importantes del CRUCH como la Universidad Austral o la Universidad de Concepción, deberían, en vez de recibir fondos del Estado, debatir si deberían pasar de privadas a públicas. Otro debate sería si se debería reforzar la Educación Superior (universidades públicas) para no depender de la privada.
Vemos entonces un condicionante económico por un lado, pero por otro un condicionante hacia las universidades, sean privadas o públicas. Según estos requisitos evidentemente hay una parte de la población (unos 200.000 estudiantes del millón de estudiantes promedio) que se verá beneficiada de la nueva legislación.
Por otro lado, se deja fuera del plan al resto de estudiantes, por lo que la nueva ley de Educación Superior acerca de la gratuidad es parcial o está hecha a medias. En cuanto al resto de estudiantes, seguirán con planes "parche" como becas (como las becas milenio, la CONICYT, etc.), créditos (como el Crédito con Aval del Estado) o bonos. Podríamos decir que la problemática persiste.
Queda claro que el camino por recorrer es muy largo y el debate no ha hecho más que empezar. La gratuidad de las matrículas a los sectores más vulnerables del país deja abierto de par en par cual debería ser el papel de la universidad pública en la sociedad chilena, de cómo el Estado debería no solamente ver formas de financiamiento alternativos con el fin de captar votos, sino más bien para desarrollar de forma seria la investigación científica en todo el territorio nacional. Solo así el dinero invertido por el Estado, por la ciudadanía chilena, verá una cooperación real entre las instituciones públicas y el Estado.
En definitiva, la universidad pública debe ser repensada y no solo poner la lupa en formas parciales de gratuidad que solo sirven para ganar votos y por lo tanto el olvido de este tipo de debates cada cuatro años. La problemática está planteada y no solo los estudiantes participan sino que la sociedad en su conjunto, y eso sí que ha quedado evidenciado en los últimos años. De lo que aquí hablamos es de temas transversales de interés social que nos hagan pensar en futuros proyectos ambiciosos, por qué no. A día de hoy, la ciudadanía merece y necesita más que nunca sentir suya la universidad.
*Gonzalo Andrés García Fernández es investigador en el área de historia del IELAT de la UAH, donde es también graduado en Historia y tiene el máster en 'América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica'. Ahora realiza una tesis doctoral en el programa 'América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional'.
**2Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Santiago de Chile, Universidad Austral de Chile, Universidad Católica del Norte Universidad de Valparaíso, Universidad de Antofagasta, Universidad de La Serena, Universidad del Biobío, Universidad de La Frontera, Universidad de Magallanes, Universidad de Talca, Universidad de Atacama, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Los Lagos, Universidad Católica del Maule, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Católica de Temuco, Universidad de Aysén y la Universidad de O'Higgins.
***La Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Antofagasta, Universidad de Atacama, Universidad de la Serena, Universidad de Playa Ancha, Universidad de Valparaíso, Universidad de Santiago de Chile, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Chile, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Talca, Universidad del Bío-Bío, Universidad de la Frontera, Universidad de los Lagos y la Universidad de Magallanes.