El abogado del expresidente ha anunciado que recurrirá una resolución judicial que tacha de "cuestionable"
MADRID, 4 Oct. (OTR/PRESS) -
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ha ingresado de nuevo en un hospital poco tras conocer que una resolución judicial anulaba el indulto humanitario concedido en diciembre de 2017 y que la Corte emitía además una orden de arresto contra él después de aceptar los recursos presentados por familiares de víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
Fuentes cercanas a la familia han indicado que el exmandatario había sido trasladado a una clínica de Lima tras sufrir una afección cardiaca, horas después de que el juez anulara el indulto que le libraba del cumplimiento de 25 años de prisión.
La decisión del Tribunal y la polémica en Perú vuelven a acaparar las portadas de los medios y en las calles del país entre los defensores y detractores del personaje.
Las lágrimas de su hija Keiko y la protesta de su bancada en el Congreso al saberse el fallo contrastaban con la alegría de las víctimas de Fijimori que han tardado más de 20 años en verle entre rejas, para después indignarse por el indulto concedido por Pedro Pablo Kuzcynski, líder del Ejecutivo en diciembre de 2017, y que libraba entonces un pulso político en el Parlamento contra una oposición encabezada precisamente por dos hijos de Fujimori.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, presidido por el magistrado Hugo Nuñez Julca, ha considerado "fundado" el recurso de la parte civil. El juez ya ha emitido "órdenes de ubicación y captura" contra Fujimori, para que "sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria", informó el Poder Judicial en Twitter.
El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, ha asegurado en declaraciones a Canal N que su cliente está "bastante consternado" por una resolución que considera "cuestionable". Por este motivo, ha anunciado que impugnarán la decisión del juez Nuñez Julca.
Horas después de la decisión del juez, Kenji Fujimori, hijo del exmandatario, ha afirmado que su padre se encuentra "en una ambulancia". "Como hijo de Alberto Fujimori es mi deber humano estar con él en sus momentos más difíciles. Hoy nuevamente estoy contigo en una ambulancia, te amo y si tengo que dar mi vida y hasta mi libertad por ti, así lo haré. Siento mucho dolor", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.
Su hija, Keiko Fujimori, ha calificado el fallo como un acto de "persecución y ensañamiento" de sus enemigos políticos. "Es extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la libertad a mi padre señalando que porque no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario", ha aseverado Keiko entre lágrimas.
El antiguo mandatario, condenado por delitos de lesa Humanidad, fue indultado el pasado 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuzcynski y que fue acusado de utilizar el indulto como carta política para salvar la moción de Fuerza Popular.
Kuzcynski terminó dimitiendo en marzo de este año por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht.
EL PAPEL DE LA CIDH
Los familiares de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigara el indulto, que Kuzcynski atribuyó únicamente a razones humanitarias y no políticas. La CIDH estableció que el indulto fuera revisado constitucionalmente.
El exministro de Justicia Enrique Mendoza, que firmó el indulto otorgado por Kuczynski, ha defendido la legalidad la medida otorgada en diciembre. "Me ratifico que es un indulto netamente constitucional y legal y además atiende razones humanitarias", ha subrayado este miércoles, según la emisora RPP.
El propio Fujimori defendió a finales de agosto, tras acudir a una revisión médica, la legalidad de su indulto, "sustentado médicamente". "Yo tengo fibrilación auricular paroxística, que es una enfermedad riesgosa", declaró a la emisora RPP, al ser consultado por el pronunciamiento de la CIDH.
El expresidente fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.