MADRID, 26 Sep. (Notimérica)
Facundo Jones Huala es un 'lonko'. Así se conoce en la Argentina a los líderes de comunidades mapuches. Su nombre comenzó a resonar en la Patagonia cuando se puso al frente de un plan de recuperación de las tierras que los mapuches consideraban que Benetton, el gigante textil italiano, les arrebató hace décadas. Hoy espera en una cárcel chilena la resolución de un juicio en el que podría incluso aplicársele la ley antiterrorista. Es su pareja sentimental, Andrea Millañanco, quien responde a las preguntas de Notimérica para tratar de hacer un perfil del 'lonko'.
Facundo nació en 1986, mismo año en el que Argentina obtenía su segunda Copa del Mundo frente a Alemania. En los barrios bajos de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro y 1.600 kilómetros al sur de Buenos Aires, se crió con sus padres y sus hermanos. Pese a que su primer apellido es británico, por sus venas solo corre sangre mapuche. No terminó la secundaria porque pronto se puso a trabajar en el campo y en el activismo campesino motivado por su pasión tanto por la naturaleza como por los libros de historia.
A la edad a la que un niño capitalino estaría haciendo la primera comunión, Facundo discutía con los mayores de su pueblo sobre la cultura mapuche en mapudungun, su lengua originaria que por aquel entonces no estaba muy lejos de extinguirse. Criarse en ese barrio le hizo ver desde pequeño "numerosos abusos policiales", tal como recuerda Andrea. A los catorce años participó en su primera manifestación reclamando al Gobierno de la localidad mejoras en la canalización del agua, pues las inundaciones del barrio cada vez iban a más. La siguiente fue para pedir mejoras laborales para los trabajadores de la zona.
Trasladado a vivir a la ciudad de Esquel, en la cima de Los Andes de la región de Chubut, en 2001 participó en la campaña 'No a la mina', "un proyecto minero que iba a contaminar fuertemente a esta zona llena de lagos, ríos y montañas", explica Andrea a Notimérica vía telefónica. La conversación tarda en poder producirse, pues en la tarde del lunes Andrea, detenida también en varias ocasiones por asuntos relacionados con la recuperación de las tierras patagónicas y puesta siempre en libertad sin cargos, está tramitando sus papeles para poder salir de Argentina.
Durante años Facundo vivió así, ayudando a los comuneros en la siembra, en las cosechas, en la construcción de las casas... hasta que en 2007 se puso al lado de Atilio Curiñaco y Rosa Nahuelquir con la idea de "recuperar las tierras que nos fueron robadas". Ellos fueron los primeros mapuches que ocuparon tierras del gigante italiano. En concreto 560 de las cerca de novecientas mil hectáreas que los hermanos Benetton tienen en la Patagonia. "No ocupamos tierras, quiero que esto quede claro. Recuperamos algo que una vez perteneció a nuestras familias y se les fue robado", sentencia una Andrea con voz pausada. Aunque estos dos comuneros aún no han logrado recuperar la propiedad de esas tierras, el Gobierno argentino reconoció que pertenecieron a sus antepasados y ya nadie trata de echarles de ahí.
Lo mismo ocurrió en 2015, cuando Facundo, Andrea y otro grupo de mapuches ocuparon --o trataron de recuperar, como defienden ellos--, dos fincas de 625 hectáreas cada una que pertenecieron a un comunero mapuche y que el Gobierno argentino, según cuenta Andrea, entregó a Reino Unido como parte del pago por el envío de armamento que se empleó después en la conocida como 'Conquista del desierto', una campaña militar por la que el Gobierno conquistó entre 1878 y 1885 grandes extensiones de territorio que se encontraban en poder de pueblos originarios. Hoy esas tierras también pertenecen a los Benetton.
CONFLICTO CON CHILE
Pese a los enfrentamientos continuados con las fuerzas de seguridad por estas acciones, los problemas reales con la justicia vinieron para Facundo directamente desde Chile. El 'lonko' había viajado en 2013 a la Patagonia chilena en busca de medicina tradicional para sus problemas de salud cuando comprendió que a ese lado de la cordillera de Los Andes los problemas de los mapuches eran los mismos que en su Argentina. La policía chilena acusó en ese momento a Facundo y otros líderes campesinos de prender fuego a unas tierras pertenecientes a un latifundista extranjero que pretendía construir una represa en "un lugar sagrado" para los indígenas. Al ver que las garantías judiciales de su defensa corrían peligro, huyó de nuevo a Argentina, donde el 27 de mayo de 2016 fue detenido.
Chile comenzó en aquel momento a pedir su extradición, pero la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó al Gobierno de la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de que había detectado irregularidades en el caso y pidió que se paralizara la entrega de Facundo a la justicia chilena. Las mismas irregularidades las encontró un juez que el 1 de septiembre de 2016 declaró "la nulidad del proceso" y solicitó que se cancelase la alerta roja de Interpol que pesaba sobre él.
Desoyendo la petición del juez, la Interpol capturó de nuevo a Facundo en julio de 2017 y fue trasladado al penal de Esquel, lo que desencadenó gran cantidad de protestas por parte de la comunidad mapuche pidiendo su liberación. Por estas protestas, amparadas incluso por Amnistía Internacional, Andrea está pendiente de dos juicios. Los campesinos, quienes sostienen que sus únicas armas son "las piedras", han sido acusados en numerosas ocasiones por los medios de comunicación de "habernos especializado en Colombia, de tener acuerdos con el Kurdistán y de tener relación con grupos del ISIS". "Nos quieren callar porque queremos recuperar lo que es nuestro y nos enfrentamos a los grandes latifundistas y empresarios", añade.
El pasado 11 de septiembre Facundo fue trasladado en un helicóptero de la Policía Federal desde la prisión hasta el aeropuerto para subirle a un avión con destino a Chile. Eran las 17.40 horas y se hizo sin notificación previa a su abogada, Sonia Ivanoff, tal y como ella misma denunció.
El indígena se enfrentará el 4 de diciembre a un juicio en el que se le acusará de ser uno de los instigadores de aquella quema y de tenencia de armas. Sus compañeros con los que fue detenido, de nacionalidad chilena todos ellos, fueron absueltos anteriormente. La única persona que cumplió condena por aquel suceso fue una mujer a la que se le acusó de encubrimiento y a quien se le dictó una sentencia de sesenta días de arresto domiciliario. En cambio, el líder indígena, a quien Chile quiere aplicar la ley antiterrorista, podría enfrentarse a una pena de hasta doce años de prisión por el incendio y tres más por la tenencia de armas, que es lo que la Fiscalía de Río Bueno, en el país austral, pide para él.
Numerosas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han protestado estas semanas por su extradición. Además, algunas de ellas han alertado de que el mapuche "está siendo perseguido políticamente desde hace más de diez años". La ONU, según palabras de su abogada, ha manifestado que las cárceles chilenas no cumplen las garantías de seguridad para Facundo y que "podría ser sometido a torturas y abuso de violencia". Nada de esto ha sido suficiente para frenar la extradición y enjuiciamiento de quien "desde que tuvo uso de razón trató de defender su tierra y sus raíces".
A quienes le acusan de terrorista él tiene claro lo que les respondería, aunque las palabras las haga llegar a través de Andrea: "Soy un luchador por los derechos de mi pueblo, a favor de la autodefensa porque ya nos han golpeado muchísimo y no nos vamos a dejar pisotear más". Habrá que esperar al próximo 4 de diciembre, a la celebración del juicio, para saber si Facundo puede seguir liderando la que considera su batalla o si tendrá que ceder el testigo.