Piden al Ejecutivo de Iván Duque "tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz"
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
Dos relatores especiales y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas han expresado este martes su preocupación por las muertes de ex guerrilleros de las FARC y han instado al Gobierno colombiano a investigar estos crímenes y proteger a los antiguos combatientes, conforme al acuerdo de paz.
Los expertos de la ONU se han referido en concreto al "reciente asesinato e intento de desaparición forzada" de Dimar Torres Arévalo, ex guerrillero de las FARC, que fue hallado muerto el 22 de abril a las afueras de un campamento de la Armada en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
Al ser preguntados, los soldados negaron cualquier relación con los hechos. Posteriormente, se encontraron cerca de la base militar tres palas y una fosa recién cavada, presuntamente con la intención de ocultar el cadáver de Arévalo, que se había sumado al proceso de paz.
"Este atentado es un desafío para el proceso de paz, ya que no cumple con el acuerdo final, que exige el respeto a la vida de todos los ex combatientes que depongan las armas. Por tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia", han dicho los seis firmantes.
Han pedido a las autoridades colombianas que "investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares, de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad". "Es importante, para la protección de estas personas y sus familias, que estos autores sean llevados ante la Justicia", han sostenido.
Además, han reclamado al Gobierno de Iván Duque que "deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida".
"El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad (de Colombia)", han avisado, argumentando que la falta de garantías podría empujar a los ex guerrilleros a retomar las armas.
"El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz", han zanjado el presidente y el vicepresidente relator Bernard Duhaime y Tae Ung Baik, respectivamente; la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard; y Houria Es Slami, Luciano Hazan y Henrikas Mickevicius, del Grupo de Trabajo.
DESCONTENTO DE LAS FARC
El Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC firmaron en 2016, después de cuatro años de negociaciones en La Habana, un acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de guerra. Desde entonces, más de cien ex combatientes han muerto de forma violenta, según denuncia el partido político surgido de la extinta guerrilla.
El nuevo inquilino de la Casa de Nariño, Iván Duque, es uno de los críticos con el acuerdo de paz y ha prometido modificarlo en aspectos esenciales como la participación política y la justicia transicional, cambios que ha comenzado a impulsar.
En este contexto, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ha denunciado un incumplimiento por parte del Estado y ha propuesto a Duque un diálogo nacional para abordar el problema. Aún no han recibido respuesta del presidente colombiano.