BOGOTÁ, 11 Jul. (Notimérica) -
Después de los asesinatos de líderes sociales ocurridos en las últimas semanas, son muchas las organizaciones que han denunciado la existencia de una sistematicidad en los crímenes contra los dirigentes, aunque por el momento las autoridades niegan estos hechos.
El pasado 5 de julio la Comisión de la Verdad presentó un informe titulado Defender la vida, donde documentó el contexto sobre la violencia contra este sector entre 2002 y 2015 e identificó diez casos emblemáticos de los últimos cuatro periodos de Gobierno (dos de Álvaro Uribe y dos de Juan Manuel Santos) que demuestran que gran parte de los actos de violencia contra defensores de derechos humanos no están directamente relacionados con el conflicto armado entre el Estado colombiano y los grupos armados.
Según el Programa Somos Defensores, desde el 1 de noviembre de 2002 hasta noviembre de 2017 habían sido asesinados 610 defensores, y más de 4.300 fueron víctimas de ataques. En los últimos años, estos ataques se han incrementado en más de un 100 por ciento.
SISTEMATICIDAD
Según el organismo, "las luchas por el acceso a la tierra y a los recursos naturales, así como por la justicia social y la rendición de cuentas", son las causas que impulsan la violencia contra aquellos que desafían el poder de las élites económicas y políticas.
Un factor a tener en cuenta dentro de la sistematicidad en los homicidios de los líderes sociales, es el hecho de que en muy pocos casos se pudo establecer la autoría intelectual de los crímenes. De hecho en algunas zonas aseguran que la corrupción viene desde la Policía que se ve manejada por quienes controlan los territorios y les permiten actuar con impunidad.
Del mismo modo, la mayoría de los homicidios se producen en zonas o regiones del país con altos niveles de militarización y en zonas en donde existen conflictos de control territorial y disputas por rentas y recursos naturales. En esas zonas las conflictividades violentas persisten alrededor la tierra, megaproyectos viales y minero energéticos y de manera más evidente por rentas del narcotráfico o de la minería ilegal.