NUEVA YORK, 8 Jul. (Fundación Thomson Reuters/Notimérica) -
Dos de cada tres personas carecen de acceso a la justicia, siendo los más afectados los apátridas, esclavizados y quienes viven en territorios en guerra, según una investigación de Naciones Unidas publicada el lunes.
Más de cinco mil millones de personas caen en una "brecha de justicia", sin poder resolver disputas que van desde apropiación de tierras hasta delitos violentos, dijo el Grupo de Trabajo sobre Justicia, parte de una asociación de miembros de ONU, grupos civiles y el sector privado.
Conseguir acceso a la justicia para todos es uno de varios objetivos mundiales ambiciosos que los miembros de la ONU se han propuesto alcanzar para el 2030. A fines de mes se realizará una cumbre sobre el progreso de las metas, en la que se pedirá a los países que aceleren sus planes.
El grupo de trabajo contabilizó 5.100 millones de personas que carecen de justicia, incluidos más de 1.000 millones sin identidad legal y más de 2.000 millones que trabajan de manera informal sin contratos y protección de las leyes laborales.
Más de 2.000 millones no tienen pruebas legales de sus derechos de vivienda o tierra, más de 40 millones están atrapados en la esclavitud moderna, 12 millones carecen de identidades nacionales y más de 200 millones viven en sociedades sin un estado de derecho, dijo el grupo.
Además, 1.500 millones de personas tienen un problema de justicia que no pueden resolver porque no saben a dónde ir o porque el sistema es costoso o injusto, agregó el texto, señalando que las categorías se superponen.
Como resultado, las personas son vulnerables al abuso y la explotación y se pierden oportunidades económicas. Los crímenes violentos no se denuncian, y las disputas que involucran tierras, vecinos o familias no se resuelven.
La propiedad puede ser confiscada sin compensación, o se puede negar a los miembros de una minoría los servicios públicos.
"Los sistemas de justicia no están funcionando para la gran mayoría de las personas", dijo Maaike de Langen, jefa de investigación del grupo de trabajo, en entrevista a la Fundación Thomson Reuters. "Es un problema en todos los países".
El costo de satisfacer las necesidades legales básicas sería de 20 dólares anuales por persona en países de bajos ingresos, menos que el costo de proporcionar educación básica o atención médica esencial, afirmó el texto.
Se puede encontrar progreso en Argentina, donde los centros locales ofrecen abogados, trabajadores sociales y psicólogos para ayudar con los problemas legales, y en Sierra Leona, donde la policía y los civiles se unen para mitigar el conflicto local, señaló el informe.