MÉXICO DF, 31 Oct. (Notimérica) -
Un total de 10.000 efectivos participan en la búsqueda de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos a finales del mes de septiembre en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, caso por el que hasta la fecha han sido detenidas 56 personas.
Según el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, hasta el momento no existe información de que los jóvenes pertenezcan a algún grupo subversivo y reiteró que la prioridad es encontrarlos y detener a los responsables de los hechos.
De los 10.000 efectivos desplegados para la búsqueda, 6.800 corresponden a Secretaría de la Defensa Nacional; 1.870 son agentes de fuerzas federales; 900 pertenecen a la Marina; 300 son investigadores; 100 son peritos; y 50 corresponden al Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR).
En compañía del vocero del Gobierno Federal, Eduardo Sánchez Hernández, el funcionario recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) tomó la investigación el 5 de octubre.
Desde esa fecha se instaló una mesa permanente de búsqueda que trabaja las 24 horas y la cual está integrada por los agentes, investigadores y fuerzas descritas, así como brigadas de familiares.
Zerón de Lucio detalló que el personal trabaja en cavernas, grutas, presas, cañadas y cuerpos de agua, recorre hospitales e incluso prisiones en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos hace 35 días.
El titular de la Agencia de Investigación Criminal explicó que hasta el momento han realizado más de mil recorridos y 142 vuelos, se han repartido 20.000 volantes y han revisado 110 lugares, labores en las que también participan binomios caninos y han utilizado georradares, informa Notimex.
En ese sentido subrayó que las autoridades federales están encargadas de garantizar el orden en los municipios de Cocula, Iguala y otros 13 municipios del estado de Guerrero, a los que se ha extendido la búsqueda de los jóvenes.
Zerón de Lucio recordó que la PGR ofrece una bolsa de 64,5 millones de pesos de recompensa a quien proporcione información fidedigna para ubicar a los normalistas y detener a los presuntos responsables del ataque a los alumnos y de su desaparición.
También detalló que han sido detenidas 56 personas, entre policías de Iguala y Cocula e integrantes del grupo delictivo denominado Guerreros Unidos, cuyo líder Sidronio Casarrubias se encuentra entre los sujetos capturados.
Como parte de estas acciones también han hecho 13 cateos, se han asegurado seis automóviles y se han girado 26 órdenes de aprehensión, entre las que se encuentra la de José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala.
Al respecto comentó que de acuerdo con las investigaciones, al parecer el ex alcalde y presunto autor material de la agresión cometida la noche del 26 al 27 de septiembre sigue en el país.
En la posterior sesión de preguntas y respuestas señaló que el secretario de Seguridad Pública de Guerrero y el fiscal de esa entidad se presentaron a declarar como testigos a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), cuyas instalaciones abandonaron este jueves.
Respecto a los 38 cuerpos encontrados en diferentes fosas de Guerrero, refirió que han sido trasladados a las instalaciones de Servicios Periciales de la PGR para continuar con los procesos de identificación.
Lucio Zerón subrayó que en el tiradero de basura localizado en Cocula, personal especializado continúa trabajando para conocer si hay algún cuerpo humano, pero hasta el momento no se han encontrado restos.
COMPROMISO ANTE LA CIDH
En relación a este caso, el gobierno de México ha reafirmado este jueves, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que no descansará hasta aclarar los hechos en Tlatlaya y Ayotzinapa, castigar a los responsables y atender a las víctimas.
"Que el dolor que hoy nos embarga sirva de impulso para hacer los cambios que el país demanda para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos", dijo ante los comisionados y representantes de los familiares la subsecretaria mexicana de Gobernación, Lía Limón.
"Quisiera enfatizar la determinación que tiene el gobierno de México de enfrentar estos hechos y asumir los retos para brindar seguridad y justicia a todas las personas, desde una óptica de derechos humanos", añadió.
La audiencia sobre el Programa Nacional de Derechos Humanos fue solicitada por México antes de los incidentes en el Estado de México y Guerrero, pero la delegación mexicana destacó la importancia de usar la oportunidad para informar a la CIDH sobre la investigación en curso.
El pasado 3 de octubre la CIDH emitió medidas cautelares en relación con los sucesos de Iguala (Guerrero), para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos a fin de de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal.
La subsecretaria Lía Limón reiteró en tal sentido la solicitud de asistencia técnica por parte de la CIDH y expresó su expectativa de definir sus términos a la brevedad.
"Nuestro país está viviendo un momento que pone a prueba avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos, y obliga a las autoridades a tomar medidas para erradicar definitivamente hechos de esta naturaleza", reconoció Limón.
Durante la audiencia, representantes de varias organizaciones que solicitaron intervenir leyeron los nombres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en el municipio de Iguala. De igual modo solicitaron un minuto de silencio en memoria de los seis estudiantes que fueron asesinados durante los hechos en la comunidad de Ayotzinapa, Guerrero.
La petición fue observada por todos los presentes en la sala Padilha Vidal de la sede de la CIDH, incluyendo la delegación del gobierno mexicano.
Los grupos criticaron la situación de derechos humanos en México y reiteraron su solicitud para que la comisión en pleno realice una visita 'in situ' al país, para recibir información sobre la situación de los derechos humanos en general.
En su turno, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, rechazó que sucesos como los de Ayozinapa y Tlataya respondan a una política de Estado, como acusaron los grupos.
"Es falso que haya una política de violación de derechos humanos, hay desafíos inmensos, pero no hay una política de Estado de violación de derechos humanos", enfatizó Gómez Robledo.
A su vez, el comisionado James Cavalaro, relator para México, hizo notar que uno de los retos que el país enfrenta con estos hechos "es el contraste entre la buena voluntad de las autoridades federales y la acción de distintas autoridades a nivel estatal".
Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, apuntó que los hechos de Iguala "pone a discusión el tema del uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden público".
En entrevista por separado, Alvarez Icaza dijo que será el lunes, al término de una reunión de evaluación, cuando el pleno de la comisión determine el curso de acción sobre la petición para realizar una visita a México.
La CIDH celebra cinco audiencias públicas temáticas sobre la situación de los derechos humanos en México, además de un encuentro sobre la situación específica de los sucesos en Ayotzinapa.