BOGOTÁ, 5 Feb. (Notimérica) -
La población civil de Colombia sigue expuesta a graves abusos cometidos por guerrillas y grupos sucesores de paramilitares. La violencia asociada con el conflicto interno en Colombia ha provocado el desplazamiento forzado de más de 6,8 millones de colombianos, la segunda población de desplazados internos más numerosa del mundo después de Siria.
El gobierno Colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) participan en conversaciones de paz en La Habana desde 2012, un acuerdo que parece cada vez más cerca.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó su 'Informe Mundial 2016', en el que se analiza la situación de los Derechos Humanos en el mundo.
Colombia, centrada en las negociaciones de paz con las FARC y en conversaciones exploratorias con el Ejército de Liberación Nacional, destaca por tener aún temas pendientes en cuanto a la reparación de las víctimas y desplazados que el conflicto armado ha ido dejando en las últimas décadas.
-ABUSOS DE LAS GUERRILLAS
Las FARC siguieron cometiendo graves abusos contra civiles en el municipio de Tumaco durante 2015, incluidos asesinatos, desplazamientos forzados y amenazas. En junio, un atentado a un oleoducto en Tumaco provocó que casi 200.000 personas tuvieran acceso limitado a agua durante varios días.
El ELN también sigue cometiendo graves abusos contra civiles. En el Departamento de Chocó, el ELN ha sido responsable de secuestros, asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores.
Las FARC y el ELN continuaron utilizando minas antipersona durante 2015. Sin embargo, en mayo se comenzó la desactivación de las mismas en varios departamentos colombianos.
-LOS PARAMILITARES Y SUS SUCESORES
En Buenaventura, una localidad portuaria en la costa del Pacífico donde la población es mayoritariamente afrocolombiana, grupos sucesores de paramilitares cometieron atrocidades durante el pasado año, incluido el desmembramiento de víctimas, a pesar de una "intervención especial" anunciada por el gobierno en mayo de 2014 para desarticular a estos grupos. El municipio presenta uno de los índices más elevados de desplazamientos forzados en Colombia: entre enero y septiembre del pasado año, 1.385 personas debieron abandonar sus hogares.
Los grupos sucesores --con frecuencia liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas-- también han participado en graves abusos en Medellín. En octubre, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó de 24 desmembramientos en 2015.
-ABUSOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA
A mayo de 2015, la Unidad de DDHH de la Fiscalía General de la Nación se encontraba investigando más de 3.700 casos de ejecuciones ilegales supuestamente perpetradas por agentes del Estado entre 2002 y 2008 (los llamados "falsos positivos"), obteniendo condenas en más de 800 de estos casos.
Entre junio y octubre, la Fiscalía General de la Nación citó a declarar a un total de nueve generales, entre ellos el excomandante del Ejército Mario Montoya, citado para declarar por su presunta participación en casos de "falsos positivos". Sin embargo, a día de hoy ninguno ha sido acusado formalmente.
-NEGOCIACIONES DE PAZ Y DERECHO A LA JUSTICIA
En septiembre de 2015, el Gobierno y las FARC anunciaron la creación de un nuevo Tribunal para la Paz que juzgaría a los responsables de graves delitos de violaciones de DDHH cometidos durante el conflicto armado.
El acuerdo prevé que las personas responsables de crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen sus delitos, recibirán una pena de entre cinco y ocho años en "condiciones especiales" que supondrían la "restricción efectiva de la libertad", pero no penas de prisión.
El acuerdo también beneficiaría a otras partes del conflicto armado, como a los miembros de la fuerza pública responsables de casos de "falsos positivos".
-DESPLAZAMIENTO INTERNO Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Más de 6,8 millones de colombianos han sido desplazados internamente desde 1985. El Gobierno registró más de 180.000 nuevas personas desplazadas en 2014, y más de 37.000 entre enero y octubre de 2015. La implementación por el Gobierno de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas continúa avanzando lentamente.
Decenas de personas que reclamaron la restitución de sus tierras han sido asesinadas, y en la mayoría de los casos nadie ha rendido cuentas por esos crímenes.
-VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia de género es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento, generan obstáculos para las mujeres que buscan atención después de hechos de violencia machista. Los responsables de delitos de violencia de género pocas veces son llevados ante la justicia.
En julio, el Gobierno promulgó una ley que tipifica el feminicidio, estableciendo amplias medidas para prevenir y juzgar la violencia de género.
-DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS Y SINDICALISTAS
Decenas de defensores de derechos y activistas comunitarios fueron asesinados en 2015, a pesar de la vigencia en Colombia de un programa del Ministerio del Interior que asigna escoltas para protegerlos.
Dos periodistas fueron asesinados y 60 recibieron amenazas entre enero y octubre de 2015. La Escuela Nacional Sindicalista (ENS) reportó 17 nuevos asesinatos de sindicalistas entre enero y agosto.
-ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
En julio de 2015, la Corte celebró una audiencia de seguimiento para analizar si las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio conforme al derecho colombiano. Hasta el momento, la Corte no ha dictado sentencia.