MADRID, 19 Ago. (Notimérica/EP) -
La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) ha revelado la crítica situación de las cárceles latinoamericanas, denunciando el deterioro de las instalaciones, así como el aumento de los menores en situación de reclusión, según ha publicado en la II Edición de su Revista FIO.
La FIO, que agrupa a más de veinte Defensorías nacionales, ha criticado la situación que sufren los presos, que ven vulnerados sus derechos al sufrir hacinamiento, sobrepoblación y deterioro de la prestación de los servicios básicos. Por eso, el organismo también ha propuesto una serie de recomendaciones a los Estados para afrontar la situación.
Aunque son varias las áreas sobre las que el informe de la FIO llama la atención, la que más preocupa a los presos es la falta de atención médica o, en caso de haberla, su baja calidad.
LA ATENCIÓN MÉDICA
Por ejemplo, en Bolivia, no hay médicos suficientes para atender a los presos. En el caso de las cárceles de mujeres en el país, hay un sólo ginecólogo para atenderlas a todas. En Uruguay, los pacientes crónicos no reciben la atención adecuada y el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios es motivo constante de quejas.
En Panamá y Costa Rica, las Defensorías denuncian que en algunos centros penales es necesario el traslado de la población recluida hasta el centro médico más cercano y, en ocasiones, pierden citas debido a la falta de transporte o personal de custodia.
INSTALACIONES DEFICITARIAS
En Brasil, según la Procuraduría de los Derechos de los Ciudadanos (PFDC), casi en la mitad de las cárceles no hay cama para todos los presos y, en el 25 por ciento, no hay colchón para todos. Además, el agua del baño no se calienta en el 66 por ciento de las prisiones. Las malas condiciones, unidas a la precaria alimentación, hacen que las cárceles sean el caldo de cultivo ideal para la proliferación de enfermedades.
Además, el hacinamiento ha llegado a un nivel crítico en muchos países latinoamericanos, como Colombia, donde roza el 60 por ciento. En algunas prisiones los niveles de hacinamiento llegan al 500 por ciento, con los consecuentes riesgos para la salud y la vida de la población reclusa y del personal, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Para la FIO, el hacinamiento y la sobrepoblación es preocupante porque "afecta a los servicios que brindan los centros penales, atenta contra la propia seguridad institucional de las cárceles y viola los Derechos Humanos". Además, genera un aumento de la violencia, la saturación de los servicios de salud y el debilitamiento de la convivencia.
MENORES EN SITUACIÓN DE RECLUSIÓN
La FIO ha calificado de "preocupante y angustiante" el incremento de personas menores de edad en situación de reclusión en las cárceles de la región. Entre los delitos más comunes cometidos por las personas menores de edad "se encuentran robo, hurto y homicidios, y en menor medida, la coacción sexual". La edad de los infractores oscila entre los 12 y 17 años.
En Bolivia, por ejemplo, no se separa a los menores de edad de los presos adultos, lo que genera constantes denuncias por violaciones y abusos, mientras que los programas de rehabilitación son insuficientes.
RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS
"Un uso racional de la prisión preventiva, mecanismos alternativos a la detención preventiva, otorgar el depósito domiciliario a aquellas personas condenadas que padecen de enfermedades terminales o crónicas y construcción de nuevos espacios en centros penales", son algunas de las recomendaciones de la FIO a los países latinoamericanos para mejorar la situación de las cárceles y lograr el respeto de la vida y los Derechos Humanos.
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