BOGOTÁ, 8 Feb. (Notimérica) -
En un contexto favorable a la paz, Colombia trata de recomponerse tras poner fin a más de 50 años de conflicto interno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e iniciar los diálogos formales con la segunda guerrilla más importante del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Sin embargo, mientras el Ejecutivo centra sus esfuerzos en alcanzar la paz con los dos grupos guerrilleros, otros problemas ven la luz. Desde que los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC se sometieran a votación en el plebiscito por paz del 2 de octubre, cada tres días un líder social ha sido asesinado en el país, muchos de ellos defensores de causas relacionadas con los indígenas y el medioambiente.
En total, en este periodo han sido 40 los líderes comunitarios, campesinos, de Derechos Humanos, representantes de víctimas o reclamantes, que han perdido la vida a causa de un homicidio, según 'El Colombiano'.
Tanto organizaciones sociales como el Gobierno reconocen que los datos son preocupantes. Sin embargo, cuando se trata de buscar culpables, el consenso es inexistente.
Mientras que las organizaciones sociales aseguran que los asesinatos se deben a grupos armados de extrema derecha o paramilitares, el Gobierno los atribuye a bandas criminales.
"Lo que uno ve es un mapa muy localizado de homicidios con causas muy locales: robo de la moto, una de linderos, en un momento dado una pelea familiar, por el fruto de una venta de tierra para una zona veredal, un señor que tiene antecedentes de hurto y abuso y es asesinado en una fiesta", justificó al respecto el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en entrevista con 'Colprensa'.
Esta posición está sustentada también por la Fiscalía General de la Nación, que asegura haber investigado 23 de los crímenes sin hallar sistematicidad.
"No hay detrás de los homicidios una sistematicidad. No hemos podido establecer que haya un grupo, una cabeza que diga, 'vamos a cometer estos asesinatos'", sentenció el titular de la cartera de Defensa.
Sin embargo, las organizaciones sociales reiteran que estos crímenes "se han cometido en el marco del inicio de una transición y tienen como finalidad el desplazamiento de las comunidades, la apropiación de territorios, la defensa a megaproyectos y el control político en la regiones", de acuerdo con el coordinador de Proyectos y Unidad investigativa del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González Perafán.
LOS HOMICIDIOS EN MARCHA PATRIÓTICA
La situación es especialmente alarmante en el caso de los miembros de Marcha Patriótica. Desde sus inicios, la organización se ha visto sacudida por una gran ola de homicidios. La situación es tan grave que, según reportó el coordinador del sistema de información del programa 'Somos Defensores', Carlos Guevara, "este puede ser el talón de Aquiles de la paz en Colombia porque los líderes y los defensores de Derechos Humanos son las personas que van a implementar los acuerdos de paz en los territorios".
Las regiones más afectadas por estos crímenes son Antioquia y Córdoba. Es por ello que el Gobierno del presidente del país, Juan Manuel Santos, decidió destinar 1.000 soldados a dichos departamentos para garantizar la seguridad.
Una medida que, para los colectivos sociales, no es suficiente en su lucha. Por ello, el portavoz de Macha Patriótica, David Flórez, hizo un llamado de atención al Ejecutivo.
"Vamos a hacer todo lo posible para que no se repita un escenario de genocidio político como el que ocurrió con la Unión Patriótica. Por eso es muy importante la respuesta efectiva del Gobierno, pero sobre todo el conjunto de la sociedad colombiana, que tiene que censurar el hecho de que Colombia se siga asesinando por opiniones políticas", lamentó.