Actualizado 30/08/2017 10:51

El CICR denuncia que "hay más personas desaparecidas que nunca", muchos de los casos en países iberoamericanos

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   MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS/Notimérica) - .-

   Hoy, en el Día Internacional de las personas desaparecidas, no se sabe cuántas hay. Son más que nunca desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, eso seguro, pero resulta "imposible" dar una cifra exacta. Y ese es el verdadero problema, el olvido de los desaparecidos y del "irrefrenable" sufrimiento de quienes aguardan años, décadas, incluso toda una vida, a conocer la verdad.

   "Hay miles de personas desaparecidas en este mundo. Desde 1945 nunca hemos visto tantas personas migrantes, refugiadas, desaparecidas", tantas que virtualmente el fenómeno afecta a cada país, "pero ¿se habla de eso? No ¿se reconoce el problema? No", lamenta Frederique Desgrais, jefa de la Unidad de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR).

   Desgrais explica, en una entrevista concedida a Europa Press, que más allá del destino de los desaparecidos --que muchas (demasiadas) veces es irreversible-- la principal consecuencia es el "sufrimiento" de las personas que dejan atrás. Desgrais lo conoce bien porque ha estado dos años trabajando en Perú, donde la guerra entre las fuerzas del Gobierno y los guerrilleros de Sendero Luminoso dejó cerca de 16.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.

   "Lo que vemos en Perú es que, a pesar de los años que han pasado, las madres no pueden olvidar ni un solo día. Necesitan saber qué ocurrió", cuenta y subraya que a cualquiera en esa tesitura le sucedería exactamente lo mismo: "Yo soy madre y, si no sé lo que está pasando con mi hija, no puedo vivir".

   "Yo soy taxista y mi hijo siguió mi profesión", relata el padre de Rodrigo Correia, que despareció en 2012 en Brasil. "Salió a trabajar un viernes y ya no pude encontrarle. Encontré el coche y los documentos pero no a él", añade. En su caso el dolor ha trascendido la esfera emocional. "Perdí la salud, perdí el trabajo y ahora estoy desempleado", remacha.

   Victor Blinov, psicólogo del CICR, indica que, aunque las familias puedan seguir adelante y lograr una vida normal, "en ningún caso podemos decir que han curado su trauma, su pérdida". "Eso es imposible", aclara. "Vivimos en un luto inacabado, con la pena de la incertidumbre. Es una herida que no sana. Un dolor infinito", afirma la madre de la brasileña Fabiana Espiridiao, de quien nada se sabe desde 1995.

DERECHO A SABER

   Desgrais subraya que "saber es el primer derecho y la primera necesidad de las familias" con personas desaparecidas. En muchos casos, el sufrimiento de los familiares es "angustioso" porque quieren conocer la verdad de lo ocurrido "antes de que pase el tiempo y se mueran ellos mismos".

   "Tal vez yo le necesite más a él que él a mí", admite la madre de Getulio da Silva Junior, desaparecido en Brasil. "Tengo 70 años, no creo que me quede mucho y sin él parece que me queda menos. Espero que aparezca. Tengo fe en que aparecerá pronto, incluso si es solo para poder verle y después morirme, porque esto no es vivir, es solo sobrevivir", sostiene.

   El descanso para muchos únicamente llega con la triste noticia del hallazgo de unos restos mortales. Olha perdió a su padre el 27 de noviembre de 2014 en Ucrania, cerca de la línea de frente entre separatistas prorrusos y los ucranianos. Un grupo de hombres armados vestidos con ropa de camuflaje y pasamontañas se lo llevó. Tres años después lo encontraron y pudieron darle sepultura. "Ahora vengo aquí", a su tumba, "y hablo con él, como si habláramos por teléfono", dice Olha.

   Desgrais recalca que el impacto de la desaparición de un ser querido rebasa con creces el ámbito emocional. "Cuando una persona desaparece ¿qué es esa persona a nivel jurídico? Nada. Las familias ya no pueden hacer transacciones legales o económicas" relacionadas con esa persona. Cosas fundamentales para empezar una nueva vida, "como volver a casarse, vender bienes o acceder a beneficios sociales", menciona.

   Algunas familias lo pierden absolutamente todo cuando la persona que desaparece es quien se encarga de llevar dinero a casa. "A veces se piensa que el sufrimiento es solo físico, emocional", pero "la capacidad económica de estas familias queda afectada". Por ello, reclama, el Estado debe volcarse también para garantizar el acceso de estas personas a servicios públicos de educación y sanidad, a la red de bienestar social.

UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO

   "Legalizar la desaparición es muy importante", enfatiza Desgrais. Primero, porque supone que el Estado "reconoce el problema" y, segundo, porque supone dar un estatus jurídico a la persona afectada y establecer de forma oficial la atención que deben recibir los familiares. Permite abordar "el lado humano de la desaparición", destaca Desgrais.

   La trabajadora del CICR plantea metas más ambiciosas. Un marco jurídico que contemple medidas preventivas --algo que se debe hacer en "tiempos de paz"-- y protocolos de actuación que permitan registrar los casos de desapariciones nada más conocerse, recabar toda la información posible cuanto antes y establecer normas estandarizadas para la búsqueda y el tratamiento forense de los restos mortales.

   Desgrais celebra que se han conseguido avances en algunos países. En Perú, por ejemplo, el año pasado se aprobó una ley de personas desaparecidas que abarca todas estas cuestiones. Antes, el Estado "dejaba la suerte de miles de personas a la vía judicial penal", lo cual hacía que hubiera "muchas dificultades", y ahora ofrece una alternativa con "fines humanitarios".

   Al mismo tiempo, reconoce que el caso peruano es una excepción. "En un mundo en el que el problema de los desaparecidos no está disminuyendo, sino que está creciendo", los países ignoran sus obligaciones. Olvidan el problema o lo abordan "10, 15 o 20 años después", cuando ya es "muy, muy tarde" para arrojar luz sobre los hechos del pasado, reprocha Desgrais.

   El CICR insiste en que "la primera responsabilidad es de los estados". "Nosotros podemos apoyar, de hecho estamos en muchos lugares --incluso zonas de conflicto--" pero, "si el Estado no reconoce lo que ha pasado, los casos no se resolverán nunca", asevera Desgrais. "Hay que hablarlo más", concluye.