BUENOS AIRES, 19 Ene. (Notimérica) -
El atentado contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicada en el centro de Buenos Aires, le costó la vida a 85 personas y dejó a 300 heridas el 18 de julio de 1994. El incidente es considerado el peor acto terrorista de la historia del país y aunque nunca hubo culpables se sospecha de miembros de la Embajada iraní en Argentina como los autores intelectuales.
El fiscal Alberto Nisman, que fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza la pasada madrugada, había denunciado el miércoles a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por tratar de exculpar a los funcionarios iraníes implicados, por medio de un tratado internacional.
EL ATENTADO
A las 09.53 (hora local) del 18 de julio de 1994 unos 300 kilos de explosivos estallaron frente al edificio del AMIA, el centro más importante de la comunidad judía en Argentina, una de las más numerosas del mundo. En el atentado fallecieron 85 personas y resultaron heridas 300.
Sin embargo, no era la primera vez que algo similar ocurría en el país. Sólo dos años antes una explosión frente a la Embajada israelí en Buenos Aires había dejado 29 muertos.
LA INVESTIGACIÓN
La Justicia argentina comenzó a indagar para encontrar a los responsables de los hechos y se abrió el caso AMIA, que contaba con el juez Juan José Galeano al frente. Tres años más tarde, Nisman fue designado como fiscal.
Desde el comienzo, las investigaciones apuntaban a que en el atentado estaban involucrados trabajadores de la Embajada iraní, pero también se acusó a miembros de la Policía local y a otros argentinos de brindar apoyo logístico y operativo para que el ataque pudiera ser posible.
Entre los involucrados locales se encontraba el empresario argentino Carlos Telleldín, vendedor de coches, que fue acusado de vender la camioneta que se utilizó para perpetrar el atentado.
Sin embargo, hubo varias irregularidades en el proceso judicial como el pago de 400.000 dólares del juez Galeano a Telleldín para que testificara en contra de miembros de la Policía. Doce años después, en 2006, la Justicia determinó la nulidad de la causa AMIA y las personas acusadas fueron absueltas. Hasta ahora, no hay culpables.
EL PAPEL DE IRÁN
El fallecido presidente Néstor Kirchner denunció a Irán ante la ONU por su falta de cooperación en la investigación, ya que durante años el país se negó a colaborar argumentando que no tenía nada que ver con el caso.
Nisman había logrado reunir suficientes pruebas para solicitar a la Interpol la captura de cinco ciudadanos iraníes: el exministro de Seguridad Alí Fallhijan; el excomandante y actual miembro de un consejo que asesora al líder supremo Alí Jamenei, Mohsen Rezai; el exjefe de la Guardia Revolucionaria y actual ministro de Defensa, Ahamad Vahidi; el ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de esa sede diplomática, Ahmad Reza Ashgari.
En 2009, Fernández de Kirchner repitió la denuncia y exigió al Gobierno de Irán que extraditara a los iraníes que habían sido solicitados.
EL CAMBIO DE RUMBO DEL CASO AMIA
Tras la muerte del presidente, en octubre de 2010, las relaciones comerciales entre Irán y Argentina comenzaron a resurgir. El Gobierno de Fernández de Kirchner negoció durante dos años con Irán la firma de un memorándum de entendimiento para lograr el avance de la causa, pero todas las negociaciones se dieron a espaldas de Nisman, el hombre que debía interrogar a los sospechosos iraníes.
A medida que trascendía información del polémico memorándum, Nisman se fue alejando de la presidenta, hasta el punto de que mientras el Gobierno defendía su política hacia Teherán, presentó un dictamen en mayo de 2013 en el que acusó a Irán de infiltrarse en países de América Latina para fomentar actos terroristas.
La semana pasada, a dos años de la firma del memorándum entre Argentina e Irán, el fiscal afirmó que la presidenta y el canciller argentinos acordaron "la impunidad de Irán" antes de la firma del tratado de cooperación con el país asiático para avanzar en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA.
Cuando Nisman denunció el caso la semana pasada, la magistrada María Servini de Cubría se negó a interrumpir sus vacaciones, a pesar de la gravedad de la acusación, para tramitar la denuncia presentada por Nisman contra la presidenta Fernández de Kirchner por encubrir a los sospechosos iraníes del atentado la sede de la AMIA.
La jueza federal argumentó que la denuncia "no encuadra en ninguno de los supuestos" que permitirían habilitar la llamada feria judicial, como se conocen los dos periodos de vacaciones que tienen al año los tribunales argentinos.
En un escrito de 300 páginas, Nisman señalaba a Fernández de Kirchner y a su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, entre otros cargos públicos, como autores y cómplices de encubrimiento agravado de los sospechosos iraníes, así como de otros delitos conexos, como obstrucción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por otro lado, las autoridades de Argentina han localizado este lunes el cadáver del fiscal Alberto Nisman y la fiscal Federal Viviana Fein ha confirmado que la víctima presenta un disparo por arma de fuego, calibre 22.
Ahora tendrán que investigarse dos causas en paralelo: la que involucra la denuncia del fiscal y la que debe investigar la propia muerte de Nisman.
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