MÉXICO DF, 3 Mar. (Notimérica) -
Con la detención de 'La Tuta' el pasado viernes, el grupo criminal Los Caballeros Templarios ha visto como desde enero de 2014 han ido cayendo sus máximos dirigentes, pese a que durante varios años se creyeron invencibles, se jactaban de ser capaces de corromper a destacados funcionarios y consiguieron adentraste en numerosas instituciones del estado en el que surgieron, Michoacán.
En este tiempo, firmaron acuerdos con importantes líderes políticos, empresarios y periodistas, los cuales eran grabados y publicados por la propia organización criminal en Youtube.
Sin embargo, desde que en enero de 2014 fuese capturado Dionisio Loyola Plancarte, alias 'El Tío', han caído otros tres importantes dirigentes de esta organización, nacida en 2011 tras producirse una escisión en La Familia Michoacana.
En marzo de 2014, murió otro de los grades líderes del grupo, Nazario Moresno, 'El Chayo', tras un enfrentamiento con el Ejército en el municipio de Tumbiscatío, cercano a la que es considerada la capital de Los Caballeros Templarios, Apatzingan (Michoacán).
Los militares comenzaban entonces a cercar a la cúpula de la organización, consiguiendo derribar pocos días después a Enrique Plancarte, 'El Kike', quien también falleció tras otro enfrentamiento con la Marina mexicana.
La caída de estos tres narcotraficantes, junto a la detención de 'La Tuta', deja a la organización sin ninguno de sus cuatro fundadores y le obliga a enfrentarse a su mayor declive desde su nacimiento en 2011.
Una organización que vivió años de empoderamiento, en los que fueron capaces de dominar gran parte de las instituciones de Michoacán, expandirse por otros estados de la República como Estado de México, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Querétaro o Chiapas y corromper a numerosos funcionarios y miembros de sindicatos y asociaciones profesionales.
Consiguieron alcanzar altas cotas de poder, enfrentándose, para ello, a su principal enemigo, Los Zetas y a las autodefensas, grupos de civiles armados que tienen como objetivo garantizar la seguridad pública y que, desde su nacimiento en 2011, pusieron especial énfasis en acabar con las connivencias entre los funcionarios de seguridad y Los Caballeros Templarios.
Se trata de un grupo criminal que se autoproclama "protector de los michoacanos" y que obliga a todos sus miembros a jurar un código de conducta, algo completamente inusual entre las organizaciones dedicadas al narcotráfico en México.