CIUDAD DE MÉXICO, 5 Dic. (Notimérica) -
La policía mexicana ha anunciado este miércoles la detención de uno de los presuntos torturadores de la escritora, periodista y activista mexicana Lydia Cacho, quien fue detenida en 2005 por la denuncia del empresario Kamel Nacif Borge por difamación y calumnias en el libro 'Los Demonios del Edén', momento en el que habría sufrido diversas violaciones a sus derechos.
Pasados 13 desde el suceso, las autoridades mexicanas han arrestado a Alejandro Rocha Laureano, de 53 años y funcionario de la Fiscalía de Puebla. La policía lo acusa de participar en la detención de la periodista, así como de someter a la misma a vejaciones y amenazas nueve meses después de que Cacho publicara el libro 'Los Demonios del Edén', documento en el que se expone una investigación sobre una red de trata de blancas y explotación infantil en el estado de Quintana Roo.
Según recoge el diario español 'El País', la periodista denunció que el 16 de diciembre de dicho año, 10 personas trasladaron en una camioneta hasta el estado de Puebla, trayecto en el que le sometieron a torturas psicológicas, tocamientos y amenazas. Asimismo, durante esas horas no se le permitió comer, beber, ni comunicarse con nadie.
En su publicación, la escritora mexicana señalaba a Kamel Nacif Borge como una de las piezas clave de dicha red. Posteriormente, el 14 de febrero de 2006, el diario mexicano 'La Jornada' hizo público un audio que correspondía a una llamada telefónica entre el Kamel Nacif Borge y el gobernador de Puebla, Mario Marín.
En la conversación se apreciaba cómo el gobernador priista felicitaba al empresario por la detención de la periodista, indicando: "Ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad". Asimismo, y como pudo saberse más tarde, de las 10 personas que habrían trasladado a Cacho hasta Puebla, las autoridades indicaron que cinco eran empleados de Nacif.
El pasado mes de agosto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocía la violación de derechos de la periodista con su detención, al tiempo que el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional exigía al Estado de México la reparación de los daños a Cacho, así como el procesamiento de los responsables y la derogación de los códigos penales los delitos de difamación y calumnias, ya que, señala 'El País', permiten al poder político y económico su uso contra los periodistas.