BOGOTÁ, 18 Nov. (Notimérica) -
Tras la decisión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de suspender el ciclo 32 de los diálogos de paz que iba a comenzar este martes en La Habana (Cuba) por el secuestro del general Rubén Darío Alzate, la preocupación es creciente ante la posibilidad de que después de dos años de negociaciones, Colombia vuelva al punto inicial y el conflicto que se ha perpetuado durante más de medio siglo continúe con su espiral de violencia.
Desde el pasado 12 de agosto, tanto el Gobierno como las víctimas negocian el reconocimiento y la reparación de estas últimas, y ya son cuatro los grupos de 12 damnificados que han llegado a La Habana --sólo uno queda pendiente-- en lo que constituye un hecho histórico. Las grandes sufridoras de la guerra colombiana son las víctimas, que sumando muertes, secuestros y desplazamientos superan los 4 millones.
Las víctimas, sobre la mesa de La Habana, se han centrado en destacar que la paz es el "único camino" para poner fin a la violencia y conseguir la reconciliación nacional. Los encuentros cara a cara con el Ejecutivo colombiano y las FARC se han caracterizado, a pesar del dolor y las experiencias personales, por un clima de respeto mutuo.
Sin embargo, la solución no deja de ser un tema controvertido cuanto menos, ya que las FARC, por su parte, responsabilizan al Estado colombiano "y sus paramilitares" de más del 80 por ciento de las víctimas del conflicto, algo difícil de admitir para el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Hasta ahora, ya han sido acordados tres puntos de la agenda: el desarrollo agrario y rural --el más importante para la guerrilla, ya que sobre él pivota toda su lucha armada--; la participación política; y el problema de los cultivos de drogas ilícitas. Sin embargo aún quedan por acordar la reparación a las víctimas, uno de los más complicados, el abandono de las armas y el mecanismo de refrendación del acuerdo final de paz.
EL PROBLEMA DE LA REPARACIÓN DE VÍCTIMAS
La reparación de las víctimas es un tema fundamental para la superación del conflicto en Colombia, pero una de las preguntas más controvertidas que obligatoriamente hay que hacerse es quiénes son los damnificados.
Según el informe del Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia de 2013, entre 1985 y 2012 hubo más de 220.000 homicidios relacionados con el conflicto y más de 27.000 secuestrados entre 1970 y 2010. Además, la guerra interna ha ocasionado también más de 4.000.000 de desplazamientos.
Por su parte, las FARC llegaron recientemente a reconocer que sus acciones pudieron afectar a civiles y aseguraron que asumirían la responsabilidad que les concerniese.
Por otra parte, otro reto pendiente es investigar los crímenes de la derecha paramilitar. Pocos de los crímenes de los paramilitares han sido perseguidos. Según Amnistía Internacional, en 2014 sólo 22 paramilitares han sido condenados, de los 30.000 desmovilizados. Tras estas desmovilizaciones surgieron otros grupos paramilitares que en la actualidad siguen activos y que el Gobierno no reconoce como parte del conflicto, sino como bandas criminales.
Añadido a estas dificultades para poder realizar una reparación de víctimas integral e igualitaria, gran parte de la sociedad colombiana es exigente en cuanto a que el proceso de paz sea acompañado por un castigo a los culpables.
Para el jefe negociador de las FARC en La Habana, Humberto de la Calle, las víctimas son la razón de ser de las conversaciones de paz y sus derechos no son negociables, mientras que la participación directa en la mesa debe darse bajo los criterios de equilibrio y pluralismo. De la Calle también destaca que hay miembros de las autoridades que han sufrido graves violaciones de Derechos Humanos.
Por eso, las FARC temen que no se trate a todas las víctimas por igual y que haya "de primera y de segunda categoría", de manera que el Gobierno de más voz a los militares y policías, sin escuchar a los guerrilleros que han sido detenidos, torturados o que han muerto a manos de operaciones del Estado, como Alfonso Cano.
Ahora, a todas estas dificultades, se le suma el hecho de que aunque las partes se encuentren en la última parte del proceso de paz y no por ello la más sencilla, un secuestro por parte de la guerrilla podría tirar por tierra los compromisos ya alcanzados, dado que Gobierno y FARC negocian bajo el principio de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado".
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