CARACAS, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Un total de 243 personas han sido detenidas en el desalojo que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha llevado a cabo en la madrugada de este jueves de cuatro campamentos que los estudiantes habían levantado en Caracas para protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Alrededor de las 3.00 (hora local) un millar de efectivos de la GNB ha irrumpido en los campamentos estudiantiles instalados en la Avenida Francisco de Miranda y la Plaza de Bolívar, en el municipio de Chacao, y en Santa Fe y la Plaza Alfredo Sadel.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ha destacado que el desalojo se llevó a cabo "sin resistencia" porque "el factor sorpresa fue fundamental", según ha informado el canal venezolano Noticias24.
"Muy pocos jóvenes pudieron escapar a la arremetida. Los detenidos fueron trasladados, algunos a la sede de la GNB en Catia y otros a Fuerte Tiuna, Core 5", ha dicho, por su parte, Elenis Rodríguez, abogada y activista por los Derechos Humanos al diario venezolano 'El Universal'.
Rodríguez Torres ha explicado que ha ordenado el desalojo porque "se tenían evidencias de que desde estos campamentos estaban saliendo grupos violentos a cometer hechos terroristas", adelantando que "estas evidencias serán presentadas ante los tribunales correspondientes".
El ministro ha afirmado que uno de los más violentos es el instalado en la Avenida Francisco de Miranda, "organizado por elementos de Voluntad Popular, y prueba de ello --ha apuntado-- es que allí "se incautaron de drogas, armas, gases lacrimógenos y alcohol".
"La policía de Chacao ayer nos pasaba la novedad de que, mientras estaban recogiendo basura en la Avenida Francisco de Miranda, fueron agredidos por elementos de este campamento de donde salió herido un funcionario", ha añadido.
Aunque también ha señalado al de la Plaza Bolívar. "La noche de ayer dos menores jugando con alcohol, uno quemó al otro y tuvo que ser evacuado al hospital con una quemadura inmensa en la espalda", ha relatado.
CRISIS VENEZOLANA
La crisis política en Venezuela estalló el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, que ya ha dejado 41 muertos, 674 heridos y 175 detenidos.
Desde entonces, opositores y oficialistas han marchado a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) fue un paso más allá y, aunque expresó su respaldo a Maduro, creó una comisión de ministros de Exteriores que ha conseguido sentar a la mesa de negociaciones a Gobierno y oposición.