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CARACAS, 30 Mar. (Notimérica/EP) -
La oposición parlamentaria ha anunciado este domingo que denunciará al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por los supuestos delitos de lesa humanidad cometidos con la represión de las protestas contra el Gobierno.
El diputado opositor Walter Márquez ha anunciado que, junto a otros colegas, llevarán a La Haya las supuestas violaciones de los Derechos Humanos cometidas por Maduro; el gobernador del estado de Táchira, José Gregorio Vielma; el jefe de la Región de Desarrollo Integral Los Andes (REDI) Miguel Vivas Landino; y el jefe del Comando Regional Uno, Franklin García Duque.
Márquez ha explicado que su decisión obedece a la intervención que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo en la madrugada de este domingo en San Cristóbal, capital tachirense, lanzando gases lacrimógenos a viviendas, de acuerdo con testigos y vecinos.
Si bien, ha indicado que no se trata de un hecho aislado porque "ha habido ataques sistemáticos y progresivos" en diversos municipios con los que "causaron daños a la población civil al margen del conflicto", de acuerdo con el diario venezolano 'El Universal'.
Asimismo, ha denunciado que se han practicado detenciones "por estar protestando de acuerdo con las garantías constitucionales", para después "simular hechos punibles" y someter a los arrestados a "torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes".
"Es una grave violación a los Derechos Humanos que constituye delitos de lesa humanidad. Por ello estamos recabando las pruebas, a través de una investigación multidisciplinaria, para hacer la denuncia ante el organismo de la justicia penal internacional", ha dicho.
CRISIS VENEZOLANA
La crisis política en Venezuela se desató el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, lo que ha dejado 39 muertos, 559 heridos y 168 detenidos.
Desde entonces, opositores y oficialistas han marchado a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) fue un paso más allá, expresando su respaldo al Gobierno de Maduro y anunciando la creación de una comisión conformada por los ministros de Exteriores del bloque regional para acompañar el diálogo en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz.
Los cancilleres regionales han conseguido que Gobierno y oposición acepten sentarse a la mesa de negociaciones con la mediación de "un tercero de buena fe" de mutuo acuerdo para superar, de una vez por todas, esta crisis política.