MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
La comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Venezuela estará encabezada por la jurista portuguesa Marta Valiñas, según ha informado este lunes la organización. La comisión investigará abusos contra venezolanos perpetrados desde 2014, cuando comenzaron las protestas contra el Gobierno.
Francisco Cox, abogado chileno, y el británico Paul Seils participan también en la comisión. Los tres trabajarán como "título personal" y mantendrán una reunión en las próximas semanas para definir estrategias, metodologías y enfoques de las investigaciones.
Los líderes de la comisión tendrán como misión "investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los venezolanos desde 2014", según la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el pasado 27 de septiembre.
La comisión tiene un periodo de un año para que los resultados de las investigaciones sean presentados ante el organismo, por lo que la ONU instó a las autoridades de Venezuela a dar acceso de forma "inmediata, plena y sin restricciones" a todo el país, incluyendo víctimas y los lugares de detención.
La jurista Valiñas se ha destacado en derecho penal internacional, especializada en crímenes sexuales y de género. Desde el 2014 ha estado en equipos de investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Cox ha sido líder del grupo de expertos internacionales nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno mexicano para la investigación en el caso de los 43 'normalistas' desaparecidos en Ayotzinapa. Antes, representó a víctimas del conflicto armado en Uganda ante el TPI.
Por último, Seils forma parte del Instituto Europeo para la Paz. Ha trabajado para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y también en la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La creación de la comisión fue aprobada en el pasado mes de septiembre tras ser solicitada al Consejo de Derechos Humanos por países del denominado Grupo de Lima: Colombia, Perú, Brasil y Argentina.