CARACAS, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades venezolanas han realizado este miércoles las primeras diligencias para dar con el piloto Óscar Pérez y con el helicóptero con el que el día anterior atacó la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior, un "ataque terrorista" según el Gobierno, que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha denunciado como una distracción para desviar la atención del asalto que de forma simultánea sufrió la Asamblea Nacional.
Según ha informado la cadena panamericana TeleSur, que lo transmitió en directo, la misma noche del martes efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) registraron la vivienda de Pérez, situada en Caracas, donde encontraron uniformes militares.
A pesar de que el propio Pérez se identificó al reivindicar este "despliegue aéreo-terrestre" en un vídeo difundido por redes sociales y que el helicóptero pertenecía al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), ni el piloto ni el aparato han sido localizados todavía.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que el alto tribunal denunciará ante los organismos competentes estas "acciones terroristas" para que detengan a Pérez y "posibles células que continúen preparando otros actos de la misma magnitud".
Moreno también ha anticipado que solicitarán "las medidas pertinentes" para garantizar la seguridad de los magistrados del TSJ y demás jueces venezolanos por considerar que "se encuentran bajo amenaza terrorista". En este sentido, ha reclamado el fin de las declaraciones "hostiles" contra el Poder Judicial.
Además, ha convocado una "reunión de emergencia" de todos los poderes públicos "con el objeto de tratar la amenaza terrorista e impedir una escalada violencia en contra del pueblo venezolano y sus instituciones", dado que la finalidad del ataque contra el TSJ era "producir la alteración del orden constitucional y democrático del país".
Moreno ha ratificado el compromiso del TSJ "con el pueblo venezolano, la Constitución y las leyes" y ha sostenido que seguirá actuando "en pro del Estado de Derecho", sin ceder a "acciones terroristas o pronunciamientos intimidatorios en contra de las facultades y atribuciones de magistrados y jueces".
ATAQUE DE "PELÍCULA"
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha considerado que lo sucedido, si bien "grave", resulta llamativo. "Parece una cosa de película", ha dicho. "Hay gente que dice que es una trampa y hay gente que dice que es algo real (...) Es un evento no explicado", ha añadido.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús 'Chúo' Torrealba, ha acusado directamente al Gobierno de generar esta distracción para ocultar el asalto que en este mismo momento se estaba produciendo en la Asamblea Nacional, controlada por la coalición opositora desde 2015. De acuerdo con su versión, paramilitares lanzaron "diez artefactos explosivos" y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) golpeó a varios diputados.
Además, el TSJ emitió dos polémicas resoluciones: una en la que cede competencias de la Fiscalía General --crítica con el Gobierno-- al Defensor del Pueblo y otra por la que anula el nombramiento del vicefiscal general, cargo que está llamado a dirigir el Ministerio Público en el caso de que el titular sea destituido.
"Tras esa fachada lo que se esconde es un claro propósito: hacer de la Defensoría del Pueblo una especie de Fiscalía paralela. Con ello se permitirá tener versiones alternativas a las conclusiones a las que llegue la Fiscalía", ha considerado el abogado y profesor universitario José Ignacio Hernández, según informa Reuters.
Entre los venezolanos también empiezan a surgir dudas acerca de los acontecimientos del martes. "No tiene sentido. Esto es un chiste ¿A cuántas personas no han detenido por levantar una bandera? ¿Un tipo que se lleva un helicóptero y no lo matan? Eso suena más a táctica del Gobierno que a alguna otra cosa", ha opinado Gary Guillén, un joven caraqueño, a Reuters.