MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que los niños y mujeres con supuestos vínculos con terroristas de Estado Islámico que fueron repatriados en marzo a Túnez desde cárceles libias continúan presos sin cargos, están sufriendo abusos, se les están negando sus derechos y algunos de ellos han contraído el coronavirus.
"Si bien las autoridades deben evaluar a estas mujeres individualmente y enjuiciar a quienes hayan cometido delitos graves, no hay excusa para privarlas de sus derechos", ha manifestado la investigadora principal de HRW para Oriente Próximo y el norte de África, Hanan Salá.
"Las autoridades penitenciarias deben poner fin a todos los presuntos abusos, garantizar el acceso a abogados y garantizar que existan medidas preventivas y atención médica adecuadas para prevenir la propagación de la COVID-19", ha remarcado.
Entre el 11 y el 18 de marzo de 2021, Túnez repatrió a una decena de mujeres y catorce niños que estaban detenidos, en algunos casos desde hace más de cinco años, en cárceles de Libia debido a sus supuestos vínculos con integrantes de Estado Islámico. Los menores han sido entregados a otros familiares o enviados a centros de acogida, cuenta el Observatorio de Derechos Humanos de Túnez (TOHR).
HRW se ha hecho eco de las denuncias de los familiares y abogados de estas mujeres, quienes permanecen encerradas, según apuntan, en una prisión de la ciudad de Manuba, en el norte de Túnez. A la espera de que se presenten cargos contra estas personas, no han tenido acceso a defensa, mientras que otras han asegurado haber recibido golpes y tratos vejatorios durante los interrogatorios.
Entre las denuncias, ha hecho saber HRW, hay casos de mujeres que han contraído la enfermedad y sospechan que algunas más podrían haber incubado la enfermedad debido a las precarias condiciones sanitarias de este tipo de centros de reclusión.
El padre de una de estas mujeres detenidas, relata la ONG, ha contado que su hija le aseguró que había enfermado de coronavirus y que ninguna de ellas estaba recibiendo tratamiento médico. Además también le comunicó que había sido maltratada durante el interrogatorio, en el que "la obligaron a firmar informes" y la despojaron de todas sus pertenencias. "Me dijo que no tiene ropa interior y que las mujeres no tenían nada dentro de la prisión", cuenta este hombre.
EN PRISIÓN SIN CARGOS
HRW ha lamentado que la ley antiterrorista tunecina de 2015 ampare que estas mujeres puedan estar detenidas a la espera de que las autoridades presenten cargos contra ellas. Dicha legislación permite que puedan estar incomunicadas hasta dos semanas, que los juicios se realicen a puerta cerrada y que la Policía pueda interrogar a los sospechosos durante quince días sin la presencia de un abogado.
"La ley pone en peligro los Derechos Humanos, carece de salvaguardas contra los abusos y debería enmendarse", ha reclamado la ONG, que a su vez exige a las autoridades tunecinas que permitan a estas mujeres de "manera inmediata" acceder "de manera ilimitada" a su defensa, así como a las visitas de sus familiares.
"De acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, las autoridades tunecinas deben priorizar los servicios de rehabilitación y reintegración para las mujeres y los niños repatriados", recuerda la ONG.
HRW subraya que estas mujeres y niños son "víctimas" del tráfico de seres humanos y que los menores "deben ser procesados y detenidos solo en circunstancias excepcionales", ya que "deben permanecer con sus padres en ausencia de pruebas convincentes de que la separación es lo mejor para ellos".
"Como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Túnez debe garantizar que toda persona privada de libertad sea tratada con humanidad y dignidad y se le reconozcan las garantías procesales plenas", enfatiza la organización.
"Estas mujeres y niños tunecinos ya han pasado hasta cinco años en detención arbitraria y abusiva en Libia porque los dos países no lograron antes ponerse de acuerdo en la repatriación. Los que no son sospechosos de delitos graves necesitan asistencia, rehabilitación y reintegración, especialmente los niños, algunos de los cuales nacieron en prisión y no conocen otra vida", concluye Salá.