MONTEVIDEO, 18 Oct. (Notimérica) -
El Senado en Uruguay ha aprobado esta semana la Ley Integral para Personas Trans, que busca mejorar la igualdad en el ámbito laboral y educativo, además de evitar discriminaciones en acceso a viviendas e intervenciones quirúrgicas entre otras cosas.
Se ha aprobado con 17 votos a favor de los 29 senadores que se encontraban en la sala. Ahora, esta ley deberá ser sometida a votación en la Cámara de Diputados.
Una senadora del partido Frente Amplio (FA), Daniela Payssé, ha asegurado que la aprobación de esta ley es un "avance substancial" en materia de derechos. "Logramos un proyecto que nos satisface. Realmente fue un trabajo muy serio, muy responsable", ha declarado Payssé.
Las medidas implantadas incluyen la facilitación del cambio de nombre para las personas trans en el Registro Civil y la autorización de los menores de 18 años a cambiar de nombre y recibir tratamiento hormonal sin consentimiento de sus padres.
"Las personas menores de 18 años de edad deberán concurrir a realizar la solicitud de adecuación registral de nombre y sexo acompañadas de sus representantes legales, o acreditando el conocimiento de éstos de la realización del trámite, y, en todo caso, prestando su anuencia expresa al mismo", concluye la normativa.
En caso de no tener esta autorización, se permitirá que el menor recurra a lo establecido en el artículo 110 del Código Civil y al 404 del Código Penal uruguayos, que establecen que se debe de tener en cuenta "el interés superior del menor".
Una de las medidas más controvertidas es la asignación de una reparación económica para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que demuestren haber sido víctimas de violencia institucional o privadas de libertad por su condición de género.
"Esto significa un cambio cultural, un procesamiento en la sociedad de terminar con el desprecio a las personas trans. Hay que deconstruir prácticas históricas de estigmatización, de discriminación y de exclusión. Esto conlleva esa tarea que tiene que ver con la aplicación de las políticas públicas y el discurso que tiene que ser inclusivo y no excluyente como ha sido con estas personas", ha asegurado Payssé, que está de acuerdo con la totalidad del texto de la normativa.