LA PAZ, 28 Sep. (Notimérica) -
Este próximo 1 de octubre la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) emitirá el fallo de la petición presentada por Bolivia para obligar a Chile a dialogar sobre el acceso marítimo soberano del país, territorio que perdió su salida al mar como consecuencia de la Guerra del Pacífico (1879-1884).
De esta manera, Bolivia no solicita un tramo de tierra o mar, sino que se lleva a cabo un diálogo sobre ello. El documento redactado por Bolivia sobre su postura, 'El Libro del Mar, el Estado boliviano sostiene que "Chile se ha comprometido a negociar una salida soberana al mar para Bolivia a través de acuerdos, práctica diplomática y una serie de declaraciones atribuibles a sus representantes del más alto nivel", pero esta no se acaba de llevar a cabo.
Por ello, Evo Morales y su Gobierno acabaron por recurrir a la CIJ en 2013, un acto que llevó a la apertura de un proceso judicial ante dicha corte que clausuró su última fase en marzo de 2018, cuando terminaron los alegatos orales por parte de las comitivas designadas por cada una de las naciones sudamericanas. Durante estos meses, el tribunal ha dialogado y debatido un veredicto que se hará público este lunes.
Si bien estos últimos meses el tema ha pasado a un segundo plano en materia de actualidad, las últimas noticias relacionadas con el tema han tenido lugar este viernes, cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha anunciado la "amnistía" de los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa --ambos acusados y procesados por los casos Petrocontratos y Quirobax, respectivamente--, para evitar que se "entorpezcan las nuevas actividades internas y externas de defensa y negociación de nuestro derecho marítimo", ha dicho Morales.
"[...] lo hago sin solicitar a los expresidentes beneficios para nada personal a cambio, sólo que defiendan a Bolivia y a nuestro pueblo y nuestro derecho a una salida soberana al océano Pacífico con todas sus energías, con todo su corazón y capacidad intelectual", ha manifestado el mandatario, el cual demandó en abril de 2013 a Chile para exigir que se sentara a la mesa de negociaciones sobre el tema.
Morales afirmaba esta semana en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la decisión de la CIJ por la demanda marítima marcará "un nuevo tiempo" en las relaciones entre Bolivia y Chile: "Bolivia tiene la certeza de que la decisión que adopte la Corte Internacional de Justicia, independientemente de sus alcances, marcará un nuevo tiempo en la relación entre Bolivia y Chile para enfrentar el futuro con altura de miras", dijo.
La obligación a la que Bolivia quiere someter a su país vecino ha mantenido la tensión que entre ambos países hay desde hace años, y que solo una reunión celebrada a mitad de 2017 entre las dos Cancillerías en el Comité de Fronteras e Integración consiguió paliar ligeramente. Durante la misma, Bolivia y Chile fijaron una agenda de trabajo sobre temas como la lucha contra el narcotráfico, el robo de vehículos chilenos para el contrabando en Bolivia, etc.
Y es que, al fin y al cabo, ambas naciones comparten una frontera que, si bien no es la deseada por Bolivia, los hace vecinos y por ende los involucra en temas comunes. Además, tal y como indicaba en septiembre de 2017 el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, a 'El País', queda demostrado que "en el siglo XXI, la intergración no es entregar territorio", al tiempo que se marca como imprescindible para la resolución de conflictos.
Sin embargo, las respuestas dadas por Chile hacia Bolivia a lo largo de las décadas sobre el tema, --asegurando que estos han cumplido con lo pactado y que, por tanto, no hay obligación de negociar una cesión de territorio-- no han servido para que Evo Morales cese en su empeño de negociar --alegando que la no salida al mar supone un impedimento para el desarrollo económico del país--. El Tratado de 1904 establece que, si bien la soberanía es chilena en dicho territorio, Bolivia goza de un amplio y libre derecho de tránsito comercial por este y por los puertos del Pacífico.
Morales recrimina precisamente que la situación de las dos naciones en el momento de la firma del acuerdo, el cual considera injusto e insolidario, pues considera que la vulnerabilidad a la que estaba sometida Bolivia en 1904 como perdedor del conflicto permitió a Chile aprovechar una posición ventajosa. Pide, como método de rectificación y justicia, que se establezca un corredor de unos 10 kilómetros de ancho que se extienda desde la frontera boliviana hasta el Pacífico, así como un tramo de costa en la que se puedan llevar a cabo labores industriales y comerciales de manera soberana.
Actualmente, Bolivia accede al mar desde los puertos chilenos del norte, contando con sus propias autoridades aduaneras en los puertos de Arica y Antofagasta, tal y como se acordó en 1904, pudiendo fijar además sus propios aranceles y tasas de importación. Es en estos puntos donde además se da un foco de discusión que aviva y mantiene vigente el desacuerdo, el cual puede decirse que está históricamente enquistado.
Por un lado, según han denunciado los bolivianos en varias ocasiones, sus vecinos habrían violado en varias ocasiones dicho derecho, obstaculizando la libre circulación de mercancías y el tránsito comercial. Por su parte, los chilenos aseguran que el comercio boliviano en el lugar cuenta con tarifas preferenciales para su almacenamiento en el lugar, lo que hace perder a Chile cantidades millonarias.
En cualquier caso, sea cual sea la respuesta de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el tema está previsto que continúe vigente durante varios años más, incluso varias décadas. Evo Morales ha hecho de esta demanda su bandera, y no está previsto ceder fácilmente.
