WASHINGTON, 9 Jul. (Reuters/EP) -
Los republicanos necesitan estudiar la petición de 3.700 millones de dólares como gasto de emergencia que ha hecho el presidente estadounidense, Barack Obama, para la seguridad en la frontera antes de emitir un pronunciamiento, ha señalado este miércoles el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
En declaraciones a la prensa, ha señalado que esperará a que el líder del Comité de Asignaciones de la Cámara, Harold Rogers, y el grupo de trabajo de seguridad en la frontera hagan recomendaciones sobre la petición, pero ha dejado claro que quiere que se tomen medidas fuertes para asegurar la frontera y aplicar las leyes sobre inmigración.
"Si no aseguramos la frontera, no va a cambiar nada", ha aseverado Boehner. "Y si uno mira la petición del presidente, se trata de seguir lidiando con el problema. Tenemos que hacer algo para cerrar la frontera y terminar con este problema, así podemos avanzar con temas más importantes en el debate sobre la inmigración", ha remachado.
La Casa Blanca pidió el martes al Congreso de Estados Unidos 3.700 millones de dólares para gestionar la entrada al país de una oleada de menores de edad indocumentados procedentes de Centroamérica, que está afectando los recursos públicos y causando dolores de cabeza al presidente Barack Obama.
LOS FONDOS
Funcionarios de la Casa Blanca explicaron que la mayor porción de la partida, 1.800 millones de dólares, irían al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que brinde cuidados adecuados a los niños mientras permanecen en custodia en Estados Unidos.
Otros 1.100 millones de dólares se destinarían al Departamento de Seguridad Nacional para pagar el transporte de los niños, ampliar las investigaciones sobre las pandillas que tramitan la inmigración ilegal y el pago de la detención y deportación de adultos indocumentados que viajan con niños.
Además, 433 millones de dólares se gastarían en aumentar la seguridad en la frontera, incluidos incrementos en los controles por aire. El Departamento de Justicia recibiría 64 millones de dólares para contratar alrededor de 40 jueces especializados en inmigración que agilicen los procesos de deportación.
Finalmente, 300 millones de dólares se destinarían al Departamento de Estado para pagar la repatriación y reintegración de los inmigrantes en sus países de origen y para "ayudar a los gobiernos en la región a controlar mejor sus fronteras", según la Casa Blanca.