MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Justicia estadounidense ha anunciado este miércoles cargos criminales contra cuatro estadounidenses acusados de presuntamente haber participado en un intento de golpe de Estado en República Democrática del Congo en mayo de 2024, después de que tres de ellos fueran repatriados a Estados Unidos tras recibir un indulto presidencial que permitió que sus penas de muerte fueran conmutadas a cadena perpetua en Kinshasa.
Los acusados han sido identificados como Marcel Malanga, de 22 años; Tyler Thompson, de 22 años; Benjamin Zalman-Polun, de 37 años; y Joseph Peter Moesser, de 67 años. Todos ellos han sido acusados de conspiración para proporcionar apoyo material y recursos, conspiración para usar armas de destrucción masiva, conspiración para bombardear instalaciones gubernamentales y conspiración para asesinar o secuestrar personas en un país extranjero, entre otros delitos.
Según indica la denuncia, los acusados conspiraron para llevar a cabo un golpe de Estado a través de una operación militar armada dirigida específicamente contra el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el viceministro de Economía, Vital Kamerhe, atacando el Palacio Presidencial y la residencia privada de Kamerhe, en un ataque que se saldó con seis muertos, incluidos dos policías y un civil. El objetivo era establecer un nuevo gobierno e instalar al líder de los golpistas, Christian Malanga, como presidente.
Marcel Malanga, su hijo, también se presentó como líder de los golpistas, mientras que Polun sería el jefe del Estado Mayor, Moesser era el fabricante, técnico y proveedor de explosivos, y Thompson era soldado y especialista en drones, tal y como ha indicado el Departamento de Justicia a través de un comunicado.
De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada cargo de conspiración para proporcionar apoyo material y recursos; y hasta cadena perpetua por cada cargo de conspiración para usar armas de destrucción masiva, conspiración para bombardear instalaciones gubernamentales y conspiración para matar o secuestrar personas en un país extranjero.
Además, de ser declarados culpables, Malanga y Thompson se enfrentan a una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada cargo de sacar un arma de fuego de Estados Unidos para cometer un delito grave.