MADRID, 9 Dic. (Notimérica) -
América Latina es la región con más políticas aprobadas en la última década a favor de la mujer, de hecho, es de las pocas regiones en el mundo que ha tipificado la figura del feminicidio. Sin embargo, continúa siendo uno de los lugares con mayor violencia de género. ¿Puede la legislación prevenir la violencia?
El término del feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, porque "implican el desprecio y el odio hacia ellas", porque "ellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas", o por "la suposición de propiedad sobre las mujeres", según ha explicado el Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno de México, uno de los primeros países en aprobar el feminicidio.
Aunque en México está implantada esta figura legal desde el año 2009, fue Guatemala el primer país latinoamericano que la tipificó en el mundo, y lo hizo en abril de 2008, cuando el parlamento aprobó por unanimidad la nueva ley que establecía penas de hasta 50 años de cárcel para quienes matasen a mujeres por el hecho de su género. Ese año, la ley guatemalteca consideró por primera vez en la historia del país la violación como un delito punible, algo que antes sólo se definía como falta grave.
En Venezuela y Costa Rica hubo unas primeras aproximaciones en el 2007 a la figura del feminicidio, aunque Venezuela se refirió a él como homicidio agravado y Costa Rica lo acotó al ámbito doméstico. Sin embargo, la violencia contra la mujer no se reduce sólo al feminicidio -consecuencia última- sino que se multiplica en una sociedad que todavía ampara la desigualdad y que no ha logrado aún la plena integración de la mujer.
"La cultura de la desigualdad que ampara la violencia se inscribe en la de por si violenta desigualdad de oportunidades", según explica un estudio sobre la violencia contra la mujer en América Latina, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El estudio de CEPAL también suma a la desigualdad de oportunidades, "el desigual acceso a los recursos y servicios de la justicia, la discriminación laboral y salarial, así como la desigual distribución del poder y del tiempo entre mujeres y hombres".
Uno de los principales problemas en América Latina es que no es posible medir el impacto de las medidas adoptadas, en tanto que no existen -salvo excepciones-, "sistemas de registros unificados que orienten la respuesta estatal al permitir conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres", según señala el informe.
Como ya explicó Naciones Unidas en 1996: "La violencia doméstica es una poderosa herramienta de dominación. La violencia contra las mujeres en general y la doméstica en particular, son componentes esenciales en sociedades que oprimen a las mujeres, dado que esta violencia no solo se origina sino que también sostiene los estereotipos de género dominantes y se utiliza para controlar a las mujeres en el único espacio tradicionalmente dominado por las mujeres, el hogar".
CRIMINALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
La tendencia a tipificar en los códigos penales la violencia doméstica fue más o menos uniforme en la década de 1990 en la región. Como ya denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2007, "la mayoría de los casos no son formalmente investigados, juzgados o sancionados por los sistemas de administración de justicia, lo que determina una sensación de inseguridad en las mujeres y una persistente desconfianza en la justicia".
En declaraciones a Notimérica.com, la secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Violencia (MESECVI) de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luz Patricia Mejia Guerrero, ha considerado que "los Estados que han legislado a favor de los derechos de las mujeres, en especial del derecho a vivir libre de violencia, han levantado la conciencia sobre el fenómeno, sobre los derechos de las mujeres y sobre las medidas necesarias para erradicar la violencia", lo que ha tenido impacto "en la reducción, visibilización y sanción".
El problema sigue siendo que no existe un sistema institucionalizado para el registro de muertes de mujeres. El caso de Perú es reciente y paradigmático. La Fiscalía de la Nación cuenta con un sistema que le permite registrar los femicidios utilizando los registros de prensa para confirmar que los fiscales estén registrando e investigando adecuadamente los femicidios, lo que da una idea de la falta de rigor en los análisis. Sin embargo, son Guatemala y Panamá los mejores países en América Latina para estudiar los datos, ya que Guatemala fue de los primeros que reconoció el feminicidio y Panamá, de los últimos.
GUATEMALA
Aunque en Guatemala no hay un registro público y abierto con cifras del feminicidio o porcentajes de desigualdad de oportunidades, los datos que sí se conocen son el número de muertes violentas de mujeres. Según la Red Feminista Centroamericana de Mujeres contra la Violencia hacia las Mujeres, en el año 2007 la tasa de muertes violentas de mujeres fue del 8,5 por ciento, cifra que aumentó al 11,9 por ciento en 2008 -año en que se tipificó el feminicidio-. La tasa en 2013 seguía siendo elevada, de un 9,5 por ciento, lo que implica que no se redujo la violencia desde la implementación del feminicidio.
La secretaria técnica de la CIM ha explicado que "el conteo de la violencia contra las mujeres sigue siendo desafiante y Guatemala no escapa de ello". Sin embargo, son múltiples los factores que pueden afectar esa cifra, como "las coyunturas políticas" o "la incursión del crimen organizado", pero de nuevo "la ley impacta en la cultura".
Como ha explicado la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, una de las principales alentadoras de la ley del año 2008, es fundamental "la construcción de la Justicia especializada penal con enfoque de género". Para Aldana, "la violencia de género en Guatemala es histórica" y ha confesado que todavía "estructuralmente" no han logrado "expulsar esas normas napoleónicas", por lo que "el Estado debe volcarse hacia la mujer" y también destinar esfuerzos a la educación.
PANAMÁ
Panamá no reconoció la figura del feminicidio como tal hasta el año 2013, ya que hasta el momento sólo reconocía el ocurrido dentro del hogar. Las penas en Panamá oscilan entre los 25 y 30 años, frente a los 25-50 años en Guatemala.
Lo cierto es que el número de feminicidios en el país es mucho menor que en Guatemala. En 2008, se produjeron un 3 por ciento de muertes violentas (en una tasa sobre 100.000 mujeres), según datos de la Red Feminista Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres, cifra que aumentó en 2009 hasta el 4 por ciento y cayó el año de la aplicación del femicidio hasta el 2,4 por ciento. Mientras que en 2008 hubo 54 femicidios en Panamá, en 2013 fueron sólo 35.
Si bien no se puede concluir a ciencia cierta que el femicidio tuviese relación directa con la caída de los crímenes, si es cierto que "todas las conductas que se definen como delitos deben estar claramente identificadas por las leyes, descritas de un modo unívoco", según afirma CEPAL. Por eso, "en los últimos años, los sistemas de administración de justicia de la región han asumido de diversas formas el mandato de hacer realidad la garantía de acceso a la justicia".
Lograr la igualdad de la mujer y el fin de la violencia no es un tema sólo legislativo o judicial, sino que debe implicar a todos: "Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres o las niñas, no te quedes de brazos cruzados. Actúa", según pidió el secretario general de las NNUU, Ban Ki-Moon, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2014, que se celebra cada año el 25 de noviembre.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...
¿Por qué el 25 de noviembre se celebra el día contra la violencia de género?
"Pinta tu barrio de naranja": campaña de la ONU contra la violencia contra la mujer