MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Imee Marcos, presidenta de la comisión de Exteriores del Senado de Filipinas y hermana del presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., ha anunciado este lunes la apertura de una investigación "urgente" sobre la detención del exmandatario Rodrigo Duterte, que fue arrestado la semana pasada siguiendo las órdenes del Tribunal Penal Internacional (TPI) por la presunta comisión de crímenes contra la humanidad.
Marcos, senadora y amiga de la vicepresidenta del país, Sara Duterte, ha indicado en un comunicado que días después de que Duterte haya sido detenido y trasladado a La Haya para ser juzgado por la citada corte, es "de vital importancia abrir esta pesquisa" para garantizar que se cumple el Estado de derecho.
Así, ha lamentado que el asunto haya "dividido" por completo a la nación y ha puntualizado que lograr un consenso es "imperativo". "Hay que verificar que se haya seguido el curso legal correspondiente y garantizar que sus derechos se han visto protegidos, especialmente en lo referente a Interpol y el TPI".
"Es por ello que incito a los altos cargos del Gobierno y de las diferentes agencias a participar como testigos", ha dicho, no sin antes manifestar que "es importante abordar las preocupaciones existentes sobre la jurisdicción y aclarar las políticas que versan sobre este asunto".
El expresidente filipino denunció el viernes durante la primera audiencia ante el TPI haber sido víctima de un "secuestro". Así, puntualizó que el caso en su contra --vinculado a la conocida como guerra contra las drogas que tuvo lugar bajo su mandato-- es fruto de un "ajuste de cuentas" de carácter político.
La defensa de Duterte ha alegado que el expresidente es objeto de medidas emprendidas por el actual presidente de Filipinas, que busca "neutralizar" el "legado" de Duterte.
Filipinas se incorporó al TPI el 1 de noviembre de 2011, pero en 2018 presentó una notificación de retirada que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2019. No obstante, la corte ha mantenido la competencia respecto de los presuntos crímenes que se habían cometido en Filipinas mientras era Estado parte, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.
Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias.
La detención del expresidente filipino pone de manifiesto las crecientes disputas entre las familias Marcos y Duterte --quienes fueron un día aliados--, unas diferencias que se han acrecentado desde 2022 por cuestiones electoralistas. La propia Sara Duterte, que hace frente a un proceso de 'impeachment' ante el Parlamento filipino por amenazar a Marcos y varios miembros de su familia, asegura que es víctima de un plan que busca acabar con su vida y que la ha obligado incluso a contratar a un supuesto sicario.