SANTIAGO/NUEVA YORK, 31 Jul. (Notimérica) -
Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional del Departamento de los Estados Unidos, publicados este viernes, han revelado la responsabilidad del ex general chileno, Augusto Pinochet, en el encubrimiento de altos mandos del Ejército en una de las mayores violaciones a los Derechos Humanos perpetradas durante su dictadura: quemar a dos jóvenes manifestantes el 2 de julio de 1986, en lo que se conoce como 'Caso Quemados'.
En cinco informes que han visto la luz tras casi tres décadas bajo secreto, se incluye información sobre actos de secuestro, intimidación de testigos y presión sobre jueces y abogados chilenos.
Según señalan estos informes, firmados por la Casa Blanca, la CIA y el Departamento de Defensa, Augusto Pinochet ordenó detener las pesquisas que determinaban la autoría del Ejército en la muerte del fotógrafo de 19 años de edad, Rodrigo Rojas de Negri, y la desfiguración del cuerpo de la estudiante de ingeniería de 18 años, Carmen Gloria Quintana, que fueron rociados con gasolina y prendidos fuego a raíz de la protesta contra el Gobierno militar sucedida el 2 de julio de 1986.
Ambos jóvenes sobrevivieron inicialmente: Gloria Quintana con quemaduras en el 65 por ciento de su cuerpo y Rojas de Negri en el 70 por ciento. No obstante, el fotógrafo fue trasladado por los militares a una clínica con instalaciones inadecuadas y falleció cuatro días después.
Los archivos apuntan a que las primeras maniobras de ocultamiento acontecieron en el Hospital Posta Central, concretamente, sus médicos citaron al director de la Posta, el doctor Guzmán, como responsable de obstruir el traslado del paciente Rojas a un establecimiento con mejores atenciones y de negarle recibir las visitas de sus familiares.
El general Rodolfo Stange, jefe de la Policía de Chile y también miembro de la junta de Gobierno de Pinochet, realizó una investigación en donde identificaba a cada uno de los elementos del Ejército responsables de tal atrocidad y que entregó al dictador. "El presidente Pinochet descalificó la autenticidad de las palabras del general Stange y rechazó hacer una lectura del informe", según los documentos, consultados por Notimérica.
PRÁCTICAS IRREGULARES DEL EJÉRCITO
Stange transmitió el informe a su superior, diputado y vicecomandante del Ejército Santiago Sinclair, quien le prometió abrir una investigación en el "plazo de 48 horas". Pero nunca llegó a hacerse, por contra, se llevaron a cabo intensos esfuerzos para acallar a los testigos y destruir todas las pruebas pertinentes, según afirma en los documentos un soldado, quien supuestamente habría roto su silencio recientemente.
"Se secuestraba a los testigos, les vendaban los ojos y les amenazaban para lograr su cambio de testimonio y despejar así las sospechas de los militares", indica la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos.
El informe 'Government of Chile Pressure to Drop Investigation and Prosecution of Rojas Case' explica también que "los funcionarios del régimen intimidaron a jueces y abogados e intervinieron en los tribunales para evitar llevar a los responsables ante la justicia".
El 14 de julio se alertó a la Casa Blanca de que "el Gobierno de Pinochet, acorde a las directrices de su mandatario", estaba tratando de "tachar públicamente de terroristas a Rojas y Quintana", así como de justificar las quemaduras en "los propios cócteles molotov que supuestamente habrían fabricado las víctimas". Además, añade la improbabilidad de que la administración de Pinochet juzgase a nadie por tales ataques.
En el último documento firmado por la CIA, el 18 de diciembre, se agrega que el ministro de Justicia de entonces, Hugo Rosende Subiabre, estaba ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para entorpecer y desestimar el caso por falta de pruebas.
El 'Caso Quemados' ha suscitado la atención de los Estados Unidos debido a que Rojas fue residente de Washington DC, donde vivía con su madre en el exilio, Verónica de Negri. El presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) al recibir el documento informativo sobre el 2 de julio de 1986, optó por retirar su apoyo al régimen chileno y presionar por el retorno a un gobierno civil.
EJÉRCITO APARTA A IMPUTADOS.
El Ejército de Chile ha informado la desvinculación del personal de la institución que se encuentra sometido a un proceso en el marco del 'Caso Quemados', por el que se investiga el encubrimiento y la quema de dos jóvenes por parte de los uniformados en el año 1986.
La medida afecta, entre otros, al coronel en retiro, Julio Castañer, a quien se le señala como responsable de encender el fuego que finalmente acabó con la vida de Rodrigo Rojas de Negri y dejó con gravísimas lesiones y secuelas a Carmen Gloria Quintana.
"De acuerdo al criterio de administración de personal que se viene aplicando desde el año 2009, con esta fecha se ha resuelto desvincular de la Institución al personal de contrata cuya resolución de sometimiento al proceso, en el día de hoy, se encuentra firme", indica el comunicado oficial.
La medida afectaría también a Nelson Medina Gálvez, entonces administrativo del Departamento de Personal.
"El Ejército de Chile reitera su compromiso de colaborar con la justicia, proporcionando lo requerido por los tribunales, en todo aquello que esté bajo su conocimiento y competencia", añade el escrito.
DOCE PROCESADOS.
Un total de 12 exuniformados están procesados por las causas de violaciones ante los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, a iniciativa del juez Mario Carroza, por su presunta responsabilidad en el crimen del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y las lesiones de la estudiante Carmen Gloria Quintana.
Carroza sometió el pasado 24 de julio a proceso, por la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, en el caso de Rojas, y de homicidio calificado frustrado, en el de Quintana, en calidad de autores a Luis Zúñiga González, Francisco Vásquez Vergara, Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Gálvez y Jorge Astengo Espina; siendo además sometido a proceso Sergio Hernández Ávila, en calidad de cómplice.
Este jueves, 30 de julio, y tras los recientes interrogatorios, el magistrado sumó como nuevas imputaciones al retirado capitán del Ejército Pedro Enrique Fernández Dittus, el jefe de la patrulla que detuvo a las vítimas, además de los ex conscriptos Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Juan González, Walter Lara y Pedro Franco Rivas.
Mientras los demás uniformados resultaron detenidos, Franco Rivas quedó bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. El ex militar ofreció un testimonio coincidente con el de Fernando Guzmán, cuya versión permitió iniciar esta nueva etapa en el proceso.
Carroza explicó que la participación de Franco debe ser estudiada, considerando que él es uno de los integrantes de la patrulla que abandonó a las víctimas que fueron rociadas con bencina y quemadas el 2 de julio de 1986 tras su detención en Estación Central, informa AgenciaUno.
DENUNCIA DE CARMEN GLORIA QUINTANA.
El juez Carroza puede sumar a los antecedentes entregados, la querella que presentó el miércoles Carmen Gloria Quintana, junto a los abogados Nelson Caucoto y Héctor Salazar, y la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Marta Matamala.
La denuncia de Carmen Gloria Quintana está dirigida "hacia todos los que hayan resultado responsables del homicidio de Rodrigo Rojas De Negri y del homicidio frustrado contra mi persona, como autores, cómplices y encubridores, alcance a quien alcance".
Además advierte de que van a "ampliar este proceso sobre toda la política institucional de las fuerzas armadas que existe hasta el día de hoy por los delitos de encubrir crímenes de lesa humanidad y continuar manteniendo en las filas del Ejército a todos los responsables mentirosos".