SAN SALVADOR, 26 Jul. (Notimérica) -
Tres académicos estadounidenses han pedido al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que desclasifique todos los documentos relacionados con los años de la guerra civil de El Salvador (1980-1992) con motivo de la anulidad de la Ley de Amnistía de 1993 que permitió que las personas que participaron en crímenes durante ese período no fueran juzgados.
El profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford (California) Terry Karl, el profesor de Historia de la Universidad de Fordham (Nueva York) Héctor Lindo-Fuentes y el profesor de Historia de la Universidad de Furman (Carolina del Sur) Erik Ching han firmado la carta donde se muestra la petición.
Esta petición sigue a la que se relaciona con la dictadura de Argentina, ya que el pasado mes de marzo Obama autorizó el estudio de estos documentos relacionados con el último régimen autoritario argentino (1976-1983). Por tanto, la desclasificación de los documentos ampliaría el margen de acceso a las masacres perpetradas en El Salvador de las que destaca la masacre de El Mozote, uno de los mayores asesinatos de la historia de la América Latina contemporánea.
De esta forma, la investigación de estos casos en relación a El Salvador podrían servir en el ámbito académico "por las lecciones que ofrecen para ayudar a entender temas fundamentales de nuestro tiempo", según comenta el diario digital salvadoreño 'La Página'.
Además, el equipo de docentes ha destacado que "los documentos que contribuyen a esclarecer la verdad sobre estos acontecimientos son cruciales para asegurar que no se repitan estas graves violaciones de los derechos humanos".
Incluso es importante referenciar la Ley de Libertad de Información (FOIA) que estableció Obama y se menciona en la carta. Con su entrada en 2009 supuso una nueva era de "apertura que fortalece la democracia" y la divulgación de información en beneficio de futuros acontecimientos.
Mediante un comunicado de prensa de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el pasado 13 de julio, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía que generó un obstáculo en la búsqueda de justicia de familiares de miles de víctimas de El Salvador.
Por esta ley se hacían imposibles las investigaciones de los graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado, la identificación de sus responsables, la aplicación de sus correspondientes sanciones y la determinación de justicia para las familias.