CARACAS, 5 Mar. (Notimérica) -
El pasado sábado 23 de febrero, cuando se produjo el intento fallido de itroducir ayuda humanitaria procedente de Colombia y Brasil en Venezuela, fueron varios los hechos violentos que se sucedieron a lo largo de todo el país. Las peores noticias llegaron de Santa Elena de Uairén, en la frontera entre Venezuela y Brasil, donde hasta el momento se contabilizan ocho muertos a causa de los enfrentamientos de aquel día, según la organización Foro Penal.
Tras los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó de que el pueblo perón "se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable", según recoge 'Miami Diario'.
Además, la CIDH solicitó a Maduro "que se abstenga de hacer uso de la fuerza de manera incompatible con estándares internacionales, proporcione atención médica adecuada a quienes resultaron heridos y evite eventos de riesgo frente a acciones atribuibles a grupos paramilitares conocidos como 'colectivos'".
En su intento de introducir ayuda humanitaria en Venezuela desde Brasil se produjeron varios enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad del segundo, que obedecían órdenes de Maduro de no permitir el paso a las cajas con dicha ayuda alegando que venían de EEUU y que estaban "contaminadas". Además, la prohibición de algún modo suponía un órdago a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino, que fue quien aseguró que la ayuda entraría "sí o sí".
Tras las muertes, que se cifran en ocho pero podrían ser más, el representante enviado por Guaidó a la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre, consideró que las muertes del pueblo pemón "se acercan al genocidio", según recoge 'El Espectador'. "Tenemos en la frontera con Brasil algo que podríamos, no me gusta incurrir en exageraciones, pero que se está acercando al genocidio con las comunidades indígenas de los pemones que viven en esa zona", afirmó Tarre.
Del mismo modo, según la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada mayoritariamente por la oposición pero declarada en desacato desde hace más de un año, advirtió de que los indígenas pemones "se mantienen desde ese sábado bajo asedio por fuerzas leales al chavismo".
PUEBLO PEMÓN
El pueblo Pemón es una etnia indígena que habita la zona sureste del estado Bolívar en Venezuela, en la frontera con Guyana y Brasil. Se calcula que existen unas 30.000 personas de esta etnia y están básicamente divididas en tres grupos diferentes: taurepan, arekuna y kamarakoto, en función de la zona de la región en la que viven. Aunque llevan varios siglos viviendo bajo sus propias normas y costumbres, fue el pasado diciembre cuando empezaron los problemas entre la etnia y el Gobierno.
Según narra 'El Espectador', todo empezó el 8 de diciembre, cuando se declaró como 'Zona de Desarrollo Estratégico Nacional' a un área de la comunidad indígena, con el fin de explotar los recursos minerales de la zona. Los disturbios entre militares y civiles se saldaron con la muerte del joven Charly Peñaloza.
"El 8 de diciembre, durante el operativo, el joven indígena Charly Peñaloza fue asesinado, y otros 3 integrantes del pueblo Indígena Pemón resultaron heridos. Según testimonios de los sobrevivientes y declaraciones del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, ninguno de ellos estaba armado", aseguró en un informe Amnistía Internacional.
Al día siguiente, el 9 de diciembre, "funcionarios de las fuerzas armadas cerraron todos los accesos al parque nacional Canaima, impidiendo el libre tránsito de las personas indígenas en su territorio tradicional, y procedieron a atacar con actos de violencia y hostigamiento a la comunidad de Canaima utilizando bombas lacrimógenas, ráfagas de disparos con ametralladoras de calibre y sobrevuelos de helicópteros".
Maduro aseguró que la utilización de esos recursos sería en el marco del combate "contra la minería ilegal que ha hecho un daño terrible en el Parque Nacional Canaima", pero los pemones consideran que el Gobierno, con el pretexto de la defensa del medio ambiente, estaban tratando de "justificar la militarización de la zona para asegurarse el control de sus recursos", según apunta 'BBC'.