MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Pakistán ha prorrogado un año más los permisos de los refugiados afganos registrados legalmente en el país, después de que expiraran el pasado 30 de junio, y en medio del temor de estas 1,45 millones de personas a que puedan ser parte de las políticas de deportación que comenzaron el 1 de noviembre de 2023.
Desde entonces unos 500.000 afganos han regresado a su país, según cifras del Gobierno, que estima en casi 1,7 millones los que residen en Pakistán de manera ilegal, algunos de ellos incluso desde hace 40 años.
"El gabinete federal aprobó una extensión de un año la validez de las tarjetas PoR (Prueba de Registro) de 1,45 millones de refugiados afganos. Sus tarjetas PoR expiraron el 30 de junio de 2024. La extensión ha sido otorgada hasta el 30 de junio de 2025", señala el comunicado del Gobierno.
La decisión se produce un día después del encuentro que mantuvo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, con las autoridades paquistaníes tras visitar el país esta semana.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha celebrado el "gesto generoso" de las autoridades paquistaníes y ha destacado que supondrá un "gran alivio" para todas estas personas, inmersas en un clima de "incertidumbre y ansiedad", ha dicho su portavoz Qaisar Khan Afridi al diario local 'Dawn'.
Pakistán anunció a finales de 2023 que deportaría a todos los inmigrantes ilegales --si bien la medida afectaría sobremanera a la población afgana-- alegando motivos de seguridad, después de que se hubiera registrado un aumento de los atentados en la zonas fronterizas con Afganistán por parte de grupos islamistas.
La llegada de los talibán a Afganistán empeoró a aún más la situación debido a la llegada de al menos otro millón de personas que huían del país vecino tras tomar el poder los fundamentalistas, a los que Pakistán ha reprochado desde entonces no hacer todo lo posible para frenar los ataques transfronterizos.