CIUDAD DE GUATEMALA, 3 Sep. (Notimérica) -
El presidente saliente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha tenido que hacer frente a demasiados contratiempos en los últimos meses: su acusación por la supuesta relación con la trama de corrupción aduanera conocida como 'La Línea' ha posicionado a los ciudadanos, a instituciones como la Fiscalía y al Congreso en contra del exmilitar y político, que ha acabado dimitiendo finalmente este miércoles.
A pesar de que las elecciones generales que tienen lugar este domingo en Guatemala no iba a contar con Pérez Molina, que ya cumplía el único mandato de cuatro años que se puede ejercer en el país, la presión ciudadana provocada por el descontento ante su gestión y las investigaciones por corrupción, han obligado al exmandatario a dimitir.
Cuando conquistó el poder, el general retirado, primer militar electo desde que acabó la dictadura (1985), se presentaba como la mejor opción para luchar contra el crimen, sin embargo, durante su mandato, el nivel de homicidios se redujo en tan solo un 2%, de una cifra total de más de 6.000 personas asesinadas por año.
Pérez Molina no consiguió lograr que triunfara su propuesta estrella: la legalización del consumo y el tráfico de drogas, que tenía el objetivo de buscar una forma alternativa de luchar contra las mismas. La propuesta fue recibida con frialdad, tanto en el propio país, como a nivel internacional.
Además, tampoco logró que tuvieran éxito sus políticas de seguridad, de economía y de educación, duramente criticadas por la oposición y a nivel popular. A ello, se le suma que no consiguió unos buenos resultados para reducir el paro en el país ni el alto nivel de la violencia que asolaba Guatemala.
La reforma fiscal que vio la luz en el primer trimestre de 2012, no tuvo resultados visibles para los ciudadanos en tres años, y se convirtió en un marco para conceder amnistías fiscales, militarizar las aduanas y dar marcha atrás a impuestos como el de primera matrícula de vehículos.
Descontentos y acusaciones de malas gestiones acabaron por perjudicar gravemente la imagen de Pérez Molina, que pasó de gozar del 79 por ciento de aprobación en enero de 2013 a un 37 por ciento el pasado mes de abril, cuando comenzaba a destaparse --aún con muchos interrogantes-- el caso de corrupción de 'La Línea'.
EL CASO 'LA LÍNEA', EL PRINCIPIO DEL FINAL
La trama de corrupción aduanera 'La Línea' se destapó el pasado 16 de abril, después de que una escuchas realizadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Policía, revelaran una estructura criminal encargada de cobrar sobornos en las aduanas por la importación de ciertos productos y evitar el pago de impuestos a otros.
Las escuchas revelaron que los cabecillas de esta red de sobornos eran un hombre y una mujer a quienes los interlocutores se referían como 'el uno' y 'la dos', entre otros apodos, lo que recondujo las sospechas hacia Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien, tras dimitir, fue detenida y recluida en prisión el pasado 21 de agosto.
Una comisión del Congreso, con el apoyo de la Corte Constitucional de Guatemala, llevó a cabo una investigación del mandatario saliente que desembocaría en una petición de juicio político o 'impeachment' por su presunta implicación en la trama de sobornos aduaneros.
EL CALVARIO DE PÉREZ MOLINA
Durante meses, miles de guatemaltecos, indignados por la corrupción del país, salieron a las calles para protestar por la gestión del mandatario y pedir primero la dimisión de Baldetti y, después, la de Pérez Molina.
Después de que el caso de corrupción salpicara directamente a Pérez Molina, el mes pasado, seis ministros del Gabinete anunciaron su dimisión.
La semana pasada, miles de personas se dieron cita en el corazón de la Ciudad de Guatemala en la última jornada de la huelga general de tres días con la que pretendían forzar la dimisión del presidente.
El epicentro de la protesta fue el Palacio Nacional, hasta donde llegaron riadas de personas en un ambiente mayoritariamente festivo procedentes de todos los rincones de Guatemala, colapsando con ello el centro de la capital.
La protesta contó también con el inédito respaldo de la Fiscalía y de la Contraloría, que emitieron comunicados para sumarse a los llamamientos para que Pérez Molina abandonara de una vez por todas el cargo.
Sin embargo, ante todas estas presiones, Pérez Molina se resistía a dimitir argumentando la cercanía de las elecciones en Guatemala y asegurando que aceptaría el proceso judicial al que se le quería someter.
"Si a alguien le ha dolido todo este proceso es a mi persona, he visto la forma de expresión de muchos guatemaltecos y me hubiera tenido tener el tiempo de sentarme con cada uno de ellos y explicarles la situación, que es humillante y que jamás en mi vida pensé en enfrentar", declaró.
Por su parte, los magistrados del Supremo apoyaron por unanimidad la petición de antejuicio cursada por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) --organismo adscrito a Naciones Unidas--, y el martes el Congreso retiró finalmente la inmunidad a Pérez Molina.
UNA DIMISIÓN FORZADA.
Finalmente, Pérez Molina ha acabado renunciado voluntariamente a la presidencia. Este jueves ha lamentado la situación que le "toca vivir" pero ha defendido que quiere responder "con honor y dignidad" a las acusaciones en su contra por una presunta trama corrupta, en lugar de huir o pedir asilo político en otro país.
Horas después de presentar su dimisión ha comparecido ante el juez, según ha asegurado, "sin rencores", y confiando en que Guatemela pueda avanzar, en un camino que tendrá como primera gran cita las elecciones presidenciales del próximo domingo, 6 de septiembre.
Pérez Molina no ha escatimado críticas contra la fiscal general, Thelma Aldana, a la que acusa de excederse en su papel con el objetivo de "destruirlo", ni contra quienes en estos últimos meses se han dedicado a "insultar".
Además, ha lamentado: "No hay recursos y no los va a tener el próximo gobierno para mejorar la salud, educación o seguridad de los guatemaltecos".
El país centroamericano queda ahora en manos del vicepresidente, Alejandro Maldonado, "un hombre de respeto" y con "muchísima experiencia y capacidad", a juicio de Pérez Molina. A Maldonado le corresponde liderar el país hasta el 14 de enero de 2016, fecha en la que entregará el bastón de mando a quien salga vencedor de los inminentes comicios.