BOGOTÁ, 11 Mar. (Colprensa/Notimérica) -
La Procuraduría General de la Nación lanzó fuertes críticas al anuncio del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, de ordenar a los comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes.
Para la entidad que encabeza Alejandro Ordóñez, el anuncio se traducirá en la parálisis de la fuerza pública en contra de las Farc, "mientras ese grupo continúa afectando con diversos delitos a la población civil".
"La orden de no seguir bombardeando campamentos ilegales de las FARC es realmente un cese bilateral disfrazado y un golpe más a la moral de las Fuerzas Militares de Colombia", apuntó la Procuraduría en un comunicado.
La entidad insiste en que las Farc persisten en su política de extorsión, intimidación, terror y de delito contra la población civil y que la orden del Presidente Santos "amarra a la fuerza pública en contra de esa guerrilla desprotege peligrosamente a los ciudadanos".
"Es evidente que el Gobierno ya decidió aceptar la imposición de las Farc de un cese bilateral antes de la firma del Acuerdo de Terminación del Conflicto, aún con la posibilidad de que este no se llegue a firmar", asevera el comunicado.
En ese sentido, la Procuraduría pidió aclarar si en la práctica esa decisión implica la suspensión inmediata de toda operación ofensiva de superficie contra las Farc.
"El Presidente debe señalar cómo hará su gobierno para evitar que la suspensión de los bombardeos contras las Farc termine por beneficiar al ELN y a las Bacrim. En ciertas zonas del territorio nacional tales grupos actúan coordinadamente y en algunos casos desarrollan actividades criminales concretas de forma conjunta", dice la entidad.
"Cuando las FARC se muevan con miembros del ELN, ¿éstos últimos tendrán blindaje ante los bombardeos y se beneficiarán con la orden dada por el Presidente?", agrega.
En comunicado la entidad también se pregunta: "cuando lo hagan junto a las Bacrim, ¿tampoco éstas podrán ser atacadas? O, ¿en esos casos las Fuerza Pública podrá bombardearlos o atacarlos, según corresponda?".
La entidad afirma que se trata de un cese al fuego bilateral disfrazado y que la Fuerza Pública tiene una obligación constitucional "que ni siquiera por orden del Presidente de la República se puede omitir, pero, además, porque las Farc siguen delinquiendo y generando víctimas. No se puede paralizar a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional en contra de ese grupo cuando continúan sus actividades criminales".