CIUDAD DE MÉXICO, 5 Dic. (Notimérica) -
La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han alertado de que la Ley de Seguridad Interior que el Gobierno de México pretende aprobar contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos.
Tal y como explica el portal digital mexicano 'Animal Político', una vez ya aprobada la Ley por la Cámara de Diputados, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, ha solicitado a través de un escrito al Senado que no se apruebe la norma.
"La ONU-DH expresa su profunda preocupación por el contenido de la referida Minuta. En diversos espacios públicos, incluido el Senado de la República, la ONU-DH ha declarado la inconveniencia de emitir una ley como la que se propone", ha indicado Jarab en la carta.
Entre las justificaciones que se indican consta que la aprobación de la norma "generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos" y, además, añade que "no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo", dice el escrito, recogido por el citado medio.
Tal y como indica el organismo, la Ley aprobada por la Cámara de Diputados mexicana "reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos", agrega.
PUNTOS CLAVE DE LA LEY
La Ley de Seguridad Interior establece la manera con la que el mandatario o mandataria de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas --Ejército o Marina-- en el país en el caso de que se identifiquen "amenazas a la seguridad interior", siempre que las capacidades de las fuerzas federales o locales sean insuficientes.
Así, por ejemplo, el artículo 16 de dicha Ley establece que "en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno", el presidente de la República, "bajo su estricta responsabilidad", podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el artículo 8 indica que "las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior".
En cualquier caso, el artículo 7 establece que "los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes", un hecho con el que no están del todo convencidos organizaciones de Derechos Humanos tanto nacionales como internacionales.
El Gobierno mexicano, así como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), han rechazado que la Ley vaya a ser utilizada para militarizar el país o vulnerar los Derechos Humanos. Por el contrario, las mencionadas organizaciones han mostrado "los potenciales riesgos del dictamen".
"La emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean contribuiría a mantener el estado actual de cosas al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta", ha sentenciado la CNDH, indicando además que "genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos", en especial porque "este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública".