MANAGUA, 2 Mar. (Reuters/EP) -
Un grupo defensor de Derechos Humanos ha exigido este viernes al Gobierno de Nicaragua la liberación de los prisioneros que continúan entre rejas y que la oposición califica de "presos políticos", para restablecer la confianza.
Nicaragua vive su peor crisis desde la Revolución sandinista (1979-1990) tras varios meses de protestas contra el Gobierno del presidente, Daniel Ortega, que han dejado más de 320 muertos y 566 detenidos, al tiempo que su economía resiente un déficit presupuestario y la congelación de créditos de diversos organismos financieros internacionales.
En mayo de 2018, poco después de que estallaran las protestas, un diálogo mediado por la Iglesia católica se estancó después de que la oposición exigiera la dimisión de Ortega y el adelanto de las elecciones presidenciales, pautadas para 2021.
"Esperamos que todos los presos detenidos ilegalmente sean liberados. El respeto de los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión y reunión, es esencial para restablecer la confianza", ha indicado este viernes la portavoz de la Unión Europea, Maja Kocijancic, respecto a las liberaciones del miércoles a pocas horas de ser retomado el diálogo.
"Los últimos acontecimientos en Nicaragua son un primer paso positivo para superar la actual crisis política mediante una solución negociada", ha añadido.
Pese a la liberación de los 100 activistas, que están cumpliendo arresto domiciliario, aún permanecen detenidas 566 personas, según organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Las protestas más fuertes estallaron en abril del 2018 y han ido menguando de la mano de restricciones impuestas.
En los dos primeros días del diálogo, que se desarrolla a puertas cerradas a las afueras de Managua, no se han alcanzado acuerdos. Fuentes de la oposición informaron a Reuters de que el Gobierno no ha aceptado como mediadores ni a la Organización de Estados Americanos (OEA) ni a Naciones Unidas (ONU).
Además, se han quejado de que dentro del centenar de liberados no hay ninguno de renombre. No figuran los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, acusados de terroristas, ni el campesino Medardo Mairena, condenado semanas atrás a 216 años de cárcel por dirigir las protestas en zonas rurales.
"Salieron algunos líderes territoriales pero de bajo perfil", ha recalcado Braulio Abarca, de 'Nicaragua Nunca Más', un grupo de defensores de Derechos Humanos en el exilio.
"El Estado tiene miedo, tiene pavor de liberar a líderes o a los campesinos que se encuentran detenidos", ha aseverado, coincidiendo con la postura de otras organizaciones locales.
Ortega, quien retomó el poder en 2007 tras gobernar entre 1985 y 1990, niega que existan presos políticos en su país. También asegura que la justicia local es independiente y que quienes están tras las rejas han cometido crímenes.