MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno y la oposición de Nicaragua han retomado este miércoles el proceso de diálogo nacional para intentar poner fin a la crisis política, suspendido desde mayo de 2018, cuando las protestas derivaron en violentos enfrentamientos que, según organismos defensores de Derechos Humanos, dejaron más de 320 muertos y 600 detenidos.
Según las informaciones del diario local 'La Prensa', el presidente del país, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, no han participado en la reapertura del diálogo, como sí hicieron en el primer encuentro celebrado el 16 de mayo de 2018.
El hermetismo ha sido de hecho la nota dominante en las horas previas al arranque del diálogo, ya que por ahora no se saben ni los temas que se abordarán ni quiénes representarán al oficialismo en esta nueva ronda.
La opositora Alianza Cívica ha recalcado que en este encuentro se "define la 'hoja de ruta' para asegurar un proceso transparente, efectivo y concreto". "Nos enfocaremos en acordar metodología, tiempos del proceso, mediadores, testigos y garantes, entre otros aspectos fundamentales, ha dicho, en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.
Horas antes de la apertura del diálogo han sido liberadas unas cien personas encarceladas en el país durante los últimos meses en el marco de las protestas celebradas contra el Gobierno de Ortega.
Las órdenes emitidas el martes por la tarde apelan a la "paz", la "armonía" y la "unión familiar" para autorizar a unos cien presos que puedan permanecer en sus casas, a condición de que cumplan una serie de requisitos como no salir del país, personarse una vez al mes en dependencias judiciales o buscar trabajo, según los autos consultados por 'La Prensa'.
Las medidas se han traducido este miércoles en las primeras excarcelaciones, con familiares agolpados a las puertas de las cárceles para esperar un cambio de tendencia que llega en un momento clave.
El Gobierno niega que existan presos políticos en el país centroamericano y asegura que la justicia nicaragüense es independiente y que quienes están tras las rejas han cometido crímenes. Sin embargo, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han denunciado medidas represivas contra cualquier atisbo de disidencia.
Las protestas que vivió Nicaragua entre abril y julio de 2018, desencadenadas en un primer momento por un plan de reforma de la seguridad social, se han traducido en cientos de detenidos, muchos de los cuales llevan recluidos en prisión preventiva "largos periodos de tiempo", según un reciente comunicado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.