MÉXICO DF, 7 Ene. (Reuters/EP) -
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, no hará un "mea culpa" ante las denuncias de presunto conflicto de intereses en el que habrían incurrido su esposa y su ministro de Hacienda por la compra de sendas viviendas a un empresa vista como cercana al Gobierno, según ha dicho este martes el portavoz presidencial, Eduardo Sánchez.
En noviembre, poco antes de revelarse que la Primera Dama, Angélica Rivera, tenía un contrato con una unidad de la firma Grupo Higa para comprar una lujosa casa en Ciudad de México, Peña Nieto revocó sorpresivamente la licitación de un tren de alta velocidad que había ganado un consorcio en el que participaba dicha empresa.
El escándalo de la conocida como 'Casa Blanca' de Rivera --por su lujo-- surgió en un momento en el que Peña Nieto comenzaba a estar bajo presión por las desaparición y posible masacre de los 43 estudiantes 'normalistas' de Ayotzinapa a manos de policías vinculados con 'narcos' en el sureño estado Guerrero, poniendo en duda su estrategia de seguridad.
"No existe conflicto de intereses", ha enfatizado Eduardo Sánchez, el portavoz presidencial, en una entrevista con la agencia de noticias Reuters. "Habrá un mea culpa, y lo habrá siempre cuando nosotros tomemos una decisión equivocada, y no nada más un mea culpa sino una corrección, una consecuencia que lo plantee", ha agregado.
Rivera dijo el año pasado en un video que en el 2012 firmó un contrato de compraventa con la Ingeniería Inmobiliaria del Centro por la casa --unidad de Higa--, por 54 millones de pesos (casi cuatro millones de dólares), asegurando que la había pagado con el dinero que obtuvo por su carrera como actriz de televisión.
La primera dama agregó que por la integridad de su familia pondría en venta los derechos sobre la mansión, ubicada en un lujoso barrio capitalino.
Sin embargo, el escándalo retomó los titulares cuando posteriormente se conoció que el emblemático ministro de Hacienda, Luis Videgaray, adquirió una casa a una inmobiliaria propiedad del dueño de Higa, Juan Armando Hinojosa, en octubre del 2012, tres meses después de que Peña Nieto ganara las elecciones presidenciales.
Videgaray dijo entonces que en enero del 2014 pagó la totalidad de la casa por razones financieras y que estaba dispuesto a ser investigado por la compra del inmueble, valorado en unos 510.000 dólares.
Las denuncias levantaron resquemores sobre la transparencia y combate contra la extendida corrupción en la segunda mayor economía de Latinoamérica.
El portavoz, además, ha defendido la estrategia de seguridad del Gobierno frente al crimen organizado y el narcotráfico, que según ha precisado está enfocada en dos rutas: la prevención y la contención de delincuentes.
"La aplicación de la estrategia nos dice que estamos caminando en el sentido correcto, en la dirección adecuada. Vamos a ser disciplinados, vamos a mantener esta estrategia, le haremos los ajustes necesarios para tener mayor eficacia", ha añadido.
Desde que Peña Nieto asumió el cargo en diciembre del 2012, más de 30.000 personas han muerto en hechos violentos. Pese a que la cifra es menor comparada con el período equivalente de su predecesor, Felipe Calderón, y se ha logrado la captura de importantes capos, la delincuencia organizada se ha extendido a otras zonas del país y ha diversificado sus operaciones.
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