BOGOTÁ, 23 Dic. (Notimérica) -
La Fiscalía General de Colombia ha iniciado las indagaciones por el presunto caso de soborno de la constructora Odebrecht con dos megaproyectos en el punto de mira: la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y la Ruta del Sol sector II.
En el caso de que el equipo de la Dirección de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción encuentre individuos implicados en el caso Odebrecht, daría comienzo un proceso penal que podría afectar a estas dos obras.
La Ruta del Sol sector II es un proyecto de infraestructura que se encuentra al 60 por ciento de su construcción y cuenta con dos tramos de 1.000 kilómetros que conectarán Bogotá con la Costa Atlántica. La obra fue adjudicada en diciembre de 2009 por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO).
Por entonces, dicha institución --denominada hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)-- se encontraba bajo la administración de Gabriel García Morales. De manera adicional, la compañía tuvo otro contrato con el Gobierno Nacional para la obra de la Carretera Puerto Boyacá-Chiquinquirá, cuyas obras ya han finalizado.
INCO adjudicó el contrato por más de 2 millones de dólares (5.700 millones de pesos) para el mejoramiento de las vías de la autopista que conecta el Puerto Salgar (en Cundinamarca) con el municipio de San Roque (en el departamento de César).
Además, Odebrecht participa en la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena para que puedan ser accesibles los cerca de 1.530 kilómetros de sus aguas, entre los municipios de Puerto Salgar y el sector de Bocas de Ceniza, en el Atlántico. En este caso, la firma brasileña cuenta con el 87 por ciento de participación y fue adjudicada en 2014 a Navelena S.A.S.
BENEFICIO DE 50 MILLONES
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un funcionario del Gobierno colombiano recibió 6,5 millones de dólares (unos 18 billones de pesos) para adjudicarse supuestos contratos de obras públicas entre 2009 y 2014, entregados por la compañía constructora Odebrecht.
Según publica 'El Colombiano', el organismo estadounidense ha determinado que la multinacional pagó "más de 11 millones de dólares (cerca de 32 billones de pesos) para conseguir contratos públicos" --aparte de lo que recibió el funcionario del Estado-- logrando unos beneficios valorados en 50 millones de dólares (unos 150 billones de pesos).
Tras conocer la noticia, la Fiscalía colombiana ordenó allanar las oficinas de Cormagdalena, en Bogotá --donde participa Odebrecht-- con el objetivo de buscar nuevas pistas que esclarezcan la vinculación entre la oficina y la compañía brasileña. Así, se están investigando los contratos firmados por ambas entidades desde 1991.
MENOR TIEMPO POSIBLE
Ante la noticia del Departamento de Justicia estadounidense, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, ha confirmado que la entidad ha firmado un acuerdo con la Fiscalía para conocer la identidad de las personas implicadas en el menor tiempo posible.
Además, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, ha indicado que antes de tomar acciones sobre estos dos grandes proyectos, deben esclarecerse los nombres de los funcionarios colaboradores en los sobornos.
Mientras, el expresidente Álvaro Uribe, ha declarado que Juan Manuel Santos debe aclarar la situación y "decir todo lo que sabe", confirmando "si tuvo o no una reunión con los directivos de Odebrecht en Panamá durante la Cumbre de las Américas".
Por su parte, Santos ha emitido un comunicado en el que ha expresado que "el Gobierno Nacional es el primer interesado en ir al fondo de este tema y llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias".
OTROS PAÍSES
El escándalo Odebrecht no solo salpica a Colombia sino que se extiende a 12 países de Latinoamérica y África en total, a los que pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos, según los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Brasil, Argentina, Ecuador, México, Perú, Guatemala, Panamá, Venezuela y la República Dominicana son los países de la región que aparecen señalados en la lista de sobornados por parte de la compañía brasileña, además de Angola y Mozambique, en África.
En Brasil, los actos ilícitos comenzaron en 2003 aproximadamente, hasta este mismo año 2016. Durante este tiempo, la empresa pagó unos 350 millones de dólares a partidos políticos y diversos funcionarios extranjeros.
La situación en Venezuela fue similar, donde la compañía pagó unos 98 millones de dólares a intermediarios del Gobierno para la adjudicación de obras públicas entre 2006 y 2015. República Dominicana obtuvo unos 163 millones de dólares en beneficios del desembolso de 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 por parte de Odebrecht.
Los gobiernos de Argentina (35 millones), Ecuador (35,5 millones), México (10,5 millones), Panamá (59 millones) y Guatemala (18 millones de dólares), son otras de las naciones inmiscuidas en este caso de corrupción.