BUENOS AIRES, 10 Feb. (Notimérica) -
La marcha convocada para el próximo 18 de febrero en memoria del fiscal Alberto Nisman, a la que se ha llamado la Marcha del Silencio, está generando un intenso debate político en Argentina. Desde el Gobierno y el oficialismo han criticado la utilización política de la muerte del fiscal, mientras que convocantes y adherentes quieren que sea un pedido de justicia y una manera de honrar al difunto.
El pasado 6 de febrero, un grupo de fiscales convocó a la población argentina a marchar el próximo día 18 desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo para honrar la memoria de su colega difunto, el fiscal Alberto Nisman.
"Dada la consternación y el dolor de todos los empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público, el Poder Judicial y toda la ciudadanía, queremos rendir un homenaje a nuestro compañero", comunicó el fiscal Guillermo Marijuan, uno de los convocantes. El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Donoso Castex, reiteró esta idea en declaraciones a Radio Mitre: "Queremos que sea un homenaje".
Sin embargo, también se traslució que los fiscales esperan que el Ejecutivo deje de pronunciarse acerca de las investigaciones del Poder Judicial. "Queremos que el silencio signifique la paz que necesitamos y que necesitan los investigadores para encontrar la verdad y llegar a esclarecer el suceso", dijo Marijuan refiriéndose a la investigación sobre la muerte de Nisman.
Estas palabras hay que entenderlas en el trasfondo de las declaraciones que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, realizó tras dicha muerte.
La mandataria aludió a las "mentiras" de la investigación de Nisman, en la que se acusaba a ella y otros miembros del Gobierno de encubrir a los culpables del atentado a la mutual judía AMIA ocurrido en el año 1994, y ha opinado en repetidas ocasiones sobre la muerte del fiscal, incluso con versiones contradictorias: a pocas horas del suceso abonó la teoría del suicidio y pocos días después sostuvo la versión del asesinato asegurando: "No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas".
Entre los adherentes a la convocatoria se encuentran miembros de la oposición como los candidatos presidenciales Sergio Massa, Mauricio Macri o Ernesto Sanz; la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El presidente de la DAIA, Julio Schlosser, dijo que la marcha ha de ser "en silencio, sin consignas partidarias, por la memoria, la verdad y la justicia", según declaraciones a la Agencia Judía de Noticias.
CRÍTICAS A LA MARCHA
Desde el Gobierno y sectores oficialistas, en cambio, se han mostrado escépticos acerca del carácter apolítico de la marcha. "Muchos políticos", dijo el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, "son unos enormes oportunistas que quieren utilizar la marcha por Nisman en beneficio propio".
El jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich, pidió que no pretendan "transferir culpas y responsabilidades a otros poderes del Estado o a otros miembros de la sociedad" y puso en duda que las motivaciones reales de la marcha sean las que han aducido los convocantes.
También dijo que "nadie puede decir que existe intromisión e interferencia por parte del Ejecutivo". A estas voces se sumó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que dijo a Télam Radio que "más que una marcha para recordar la figura de Nisman, tiene un contenido claramente político".
A las críticas desde el Ejecutivo se han sumado las de sectores oficialistas diversos. El diputado nacional del Frente Para la Victoria (partido de Fernández), Héctor Recalde, dijo que "el acto es funcional a la oposición del Gobierno", ya que "basta observar quiénes se prendieron ipso facto: todas las corporaciones opositoras, y la mayoría de la oposición".
El Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, Ricardo Forster, dijo que los convocantes "quieren tomar por tonta a la sociedad" y responsabilizó a esos mismos fiscales de la lentitud del avance en la causa por el atentado de la AMIA.
Dentro del Poder Judicial también se han producido críticas, provenientes de la asociación Justicia Legítima, que ha sido vinculada al 'kirchnerismo' en numerosas ocasiones. "Esto es una bravuconada", manifestó la juez María Laura Garrigós, presidenta de la asociación, en declaraciones al diario 'Página/12'.
"Acá no hay discusión jurídica, ni discusión sobre cosas como posibles formas de trabajo. Esto es una manifestación simplemente política", abundó, e indicó que la marcha "servirá para saber quién está de cada lado". Además, dudó sobre la integridad de los fiscales convocantes: "No son unos angelitos" y señaló que algunos de ellos "están señalados por sus formas de trabajo".
Otra de las críticas viene de una de las asociaciones de víctimas de la AMIA, Memoria Activa. Diana Malamud, integrante de la asociación, ha señalado al portal INFOnews que "si los que deben hacer justicia piden justicia, llama la atención" y criticó que el Poder Judicial "no hizo su trabajo como corresponde" en la causa AMIA. El programa 678, de la TV Pública, ha llegado a sostener que toda la operación es un "golpe blando", como titulaba ayer en su emisión diaria.
MIEDO EN EL PODER JUDICIAL
Algunos miembros del Poder Judicial han manifestado temor ante la situación tras la muerte de Nisman. El fiscal de la Cámara Federal porteña Germán Moldes advirtió que "se está volviendo a épocas más violentas de la historia argentina" en declaraciones al programa Inimputables de Radio América.
"A mediados de los 70 se vivía con miedo, y yo noto que en sectores de la población ese miedo está volviendo", dijo refiriéndose a los años de violencia en los últimos años del gobierno de Isabel Perón, que poco después desembocarían en el golpe militar.
Además, se refirió a la muerte de Nisman como "un hecho que cambia la historia: tenemos un muerto entre nosotros". Para Moldes, la marcha del 18F es una forma de protección, si bien admitió que no todos los fiscales han firmado la convocatoria y que "entre los que firmamos también tenemos nuestras diferencias".
A este respecto también se pronunció el fiscal federal Carlos Stornelli y dijo que "este caso (el de la muerte de Nisman) es el primero de estas características y podría no ser el último". El presidente de la Asociación de Fiscales, Donoso Castex, coincidió con este diagnóstico: "Puede parecer fatalista, pero no es así; hay que tener mucho cuidado".
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